Durante el debate general sobre el punto 4 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varias ONG denunciaron la alarmante situación en los campamentos de Tinduf, en Argelia. Ante la inacción de las autoridades argelinas, los participantes instaron a la comunidad internacional a exigir responsabilidades y a trabajar por una solución política que garantice los derechos fundamentales de los refugiados saharauis. Este jueves por la tarde se dio inicio en Ginebra al debate general sobre el punto 4 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrado en las violaciones de derechos humanos a nivel global. Varias organizaciones no gubernamentales alzaron la voz para denunciar la alarmante situación en los campamentos de Tinduf, en Argelia, donde los refugiados saharauis viven bajo el control del Frente Polisario, sin supervisión adecuada ni reconocimiento oficial de su estatus. El primer orador, El Filali Hammadi, representante de la Red Unidad para el Desarrollo de Mauritania, condenó enérgicamente la falta de control sobre los campamentos de Tinduf, describiendo la situación como un «vacío jurídico y administrativo» que expone a los refugiados a graves violaciones de derechos humanos. Hammadi recordó que Argelia «cedió la gestión de los campamentos a un grupo armado, el Polisario, sin una vigilancia efectiva», lo que ha resultado en «detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales». Citó, en particular, un incidente de octubre de 2020, donde dos saharauis fueron quemados vivos por soldados argelinos mientras cavaban un pozo. En el ámbito humanitario, el 88% de los refugiados saharauis sufren de hambre o enfrentan inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos. El 28% de los niños menores de cinco años presentan retraso en el crecimiento, mientras que el acceso al agua potable sigue siendo extremadamente limitado. Hammadi también destacó el desvío de la ayuda humanitaria, lo que impide que los suministros lleguen a las poblaciones más vulnerables. Una opresión sistemática denunciada Rabab Eddah, representante de la ONG Promoción del Desarrollo Económico y Social (PDES), también tomó la palabra para resaltar las severas restricciones a la libertad de expresión impuestas por el Polisario. Eddah afirmó que «toda oposición es sistemáticamente reprimida», con una prohibición de los partidos políticos y una persecución constante de activistas, periodistas y blogueros. Según ella, la dirección del Polisario aplica «métodos opresivos» y no duda en calificar de traidores a quienes se atreven a cuestionar sus decisiones. Eddah también insistió en la responsabilidad de Argelia, que se niega a reconocer el estatus de refugiado a los saharauis de los campamentos de Tinduf, privándolos así de sus derechos civiles, políticos y sociales, en violación de la Convención de 1951 sobre los refugiados. Un llamado a una solución política Finalmente, Saadani Maolaynin, representante de la ONG OCAPROCE International, amplió el debate insistiendo en las violaciones a la libertad de expresión en los campamentos de Tinduf. Denunció «50 años de impunidad, injusticia y represión», subrayando que los saharauis allí «viven bajo un único dogma impuesto por los líderes del Polisario», sin posibilidad de pensar diferente bajo pena de «acoso, tortura o encarcelamiento». En este contexto, Maolaynin abogó por una solución pacífica y duradera, sosteniendo que la autonomía propuesta por Marruecos representaría «una alternativa justa que garantizaría los derechos fundamentales y una vida digna a esta población vulnerable». Estas intervenciones convergen en una misma conclusión: los campamentos de Tinduf escapan a todo control, y Argelia debe ser responsabilizada por las violaciones de derechos humanos que se cometen en su territorio. Las ONG llaman a la comunidad internacional a exigir cuentas, garantizar la transparencia en la gestión de la ayuda humanitaria y trabajar por una solución política que permita a los saharauis acceder finalmente a sus derechos y a la dignidad.
