Tras el drama de Erfoud que ha conmocionado a la opinión pública, el Ministerio de Educación Nacional se esfuerza por implementar medidas para combatir la violencia escolar. Sin embargo, muchos activistas de derechos humanos consideran que estas soluciones son insuficientes y hacen un llamado a la adopción de una estrategia global que involucre a todas las partes interesadas, desde las familias hasta la sociedad civil, con el fin de asegurar un enfoque sostenible para abordar este problema. El trágico asesinato de una profesora de francés en Erfoud el pasado abril, a manos de uno de sus alumnos en plena calle, ha reavivado el debate sobre la violencia en el ámbito escolar, provocando una fuerte indignación tanto en los círculos educativos como en la sociedad en general. En este contexto, el ministro de Educación Nacional, Enseñanza Primaria y Deportes, Mohamed Saad Barada, reconoció el lunes durante una sesión parlamentaria que los actos de violencia en las escuelas «han aumentado recientemente». Explicó que el ministerio ha implementado una serie de medidas para contrarrestar este fenómeno, integrando actividades extracurriculares como teatro, cine y deportes, con el objetivo de reducir los comportamientos violentos en los establecimientos escolares. El ministro también mencionó la creación de células de vigilancia dentro de las escuelas, encargadas de monitorear el estado psicológico y social de los estudiantes a través de especialistas, orientando a aquellos que lo necesiten hacia psicólogos para un apoyo adecuado. Además, el ministro anunció la intención de instalar cámaras de vigilancia que utilicen inteligencia artificial para detectar incidentes violentos y alertar inmediatamente a las autoridades competentes, con el fin de mejorar la seguridad en las escuelas. Subrayó la continuación de la colaboración con los servicios de seguridad para asegurar los alrededores de los establecimientos educativos. Medidas antiguas con impactos limitados Mohamed Tigounsa, miembro del Buró Nacional de la «Asociación Marroquí por los Derechos de los Estudiantes» e inspector pedagógico en la Academia de Marrakech-Safi, destacó que la mayoría de las medidas anunciadas no son nuevas y ya figuraban en directrices anteriores sin una implementación real, a excepción de la iniciativa de las cámaras, que calificó de interesante si se generaliza. Aunque «cualquier avance hacia la reforma es positivo», los esfuerzos actuales, según este defensor de los derechos, siguen siendo parciales y temporales, incapaces de provocar cambios profundos. Señaló que la violencia social se refleja en la escuela, y viceversa. Tigounsa afirmó que combatir la violencia escolar es un proyecto colectivo, que requiere una política general basada en el diálogo, más allá de enfoques sectoriales estrechos, ya que la escuela forma parte de un entorno social más amplio. «El éxito de cualquier reforma requiere un proyecto nacional que integre los aspectos educativos, sociales y culturales. Las medidas de seguridad y legales pueden disuadir, pero no abordan las raíces del problema, ya que la violencia escolar refleja un problema social más amplio.» La escuela no es la única responsable Las voces dentro de la sociedad civil coinciden en que la urgencia actual no es reaccionar de manera impulsiva o intentar «calmar» la ira pública después de cada drama, sino establecer una estrategia a largo plazo que considere al estudiante como un ciudadano en desarrollo, necesitando un ambiente sano y seguro, basado en valores de diálogo, responsabilidad y respeto. En este contexto, Wafae Boufrahi, presidenta de la asociación «Bassmat El Khair Mdiq», activa en la lucha contra la violencia escolar a través de actividades de sensibilización y formación, subrayó que combatir la violencia escolar es un proyecto colectivo y advirtió contra la reducción de las soluciones a medidas de seguridad o técnicas. Insistió en que el apoyo a los establecimientos educativos debe comenzar por su fundamento psicológico y social, proporcionando especialistas calificados y abriendo la puerta a las asociaciones de la sociedad civil, especialmente las asociaciones de padres, para participar activamente en la vigilancia de los comportamientos. Boufrahi afirmó que responsabilizar únicamente a la escuela de la lucha contra la violencia es injusto, ya que la mayoría de los incidentes ocurren fuera de sus muros, y el estudiante criminal puede en realidad ser víctima de un sistema social fragmentado, necesitando una reforma más profunda que la instalación de una cámara o la organización de una actividad teatral. «El drama de la profesora de Erfoud ocurrió en la vía pública, y las cámaras o el personal de seguridad no pueden ser responsables de seguir a los estudiantes hasta su puerta. Tratar la violencia no puede ser confinado dentro de los muros de las instituciones.» Wafae Boufrahi La activista insistió en la necesidad de no descuidar los comportamientos inapropiados entre los estudiantes, de comunicarse con sus padres, y concluyó haciendo un llamado a los medios de comunicación para contribuir a campañas de sensibilización dirigidas a las familias, los estudiantes y el personal educativo, para instaurar una cultura del diálogo dentro y fuera de los establecimientos educativos.
