La relatora especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos, ha puesto en el punto de mira a Marruecos por denuncias de «acoso, ataques físicos, amenazas políticas y vigilancia» contra Ali Salem Tamek, presidente de CODESA, una organización con estrechos vínculos con el Polisario. En su comunicado, Mary Lawlor, de origen irlandés, señaló que «el 21 de octubre de 2023, agentes de seguridad marroquíes de civil impidieron la celebración del primer congreso nacional de CODESA (Colectivo de defensores de los derechos humanos en el Sahara Occidental), previsto en el domicilio del Sr. Tamek en Laayún, ya que no pudieron organizarlo en un lugar público». «El 10 de octubre de 2024, agentes de seguridad marroquíes rodearon la casa del Sr. Tamek en su ausencia y habrían vandalizado la caja eléctrica, provocando un corte de energía.» Mary Lawlor Según Lawlor, «los hechos alegados violarían, entre otros, las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Marruecos se adhirió el 3 de mayo de 1979. En particular, el artículo 19 garantiza el derecho a la libertad de expresión, el artículo 21 el derecho de reunión pacífica, y el artículo 12 el derecho a la libertad de movimiento». En su respuesta, la misión permanente de Marruecos afirmó que «en cuanto a la alegación de ataques físicos y acoso, es importante señalar que las imágenes difundidas por los miembros de "CODESA" contradicen claramente esta acusación. Estas imágenes muestran a numerosas personas dentro del domicilio del Sr. Ali Salem Tamek coreando consignas hostiles, antes de intentar reunirse en la vía pública. La intervención de las fuerzas del orden se llevó a cabo conforme a la legislación vigente, tras las quejas de los vecinos sobre el comportamiento de los participantes en este encuentro». Las autoridades marroquíes rechazan categóricamente la acusación de que el Sr. Tamek haya sido sometido a registros restrictivos en los aeropuertos de Casablanca y Laayún. Subrayan que «las afirmaciones formuladas en la comunicación no reflejan en absoluto la realidad». Añaden que «el interesado no ha presentado ninguna denuncia ante las instancias administrativas y judiciales competentes para hacer valer los derechos que alega haber sido violados».
