El Partido Liberal Marroquí ha presentado dos denuncias contra el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, acusándolo de actividades financieras e inmobiliarias sospechosas, entre ellas fraude fiscal. El partido pide una investigación urgente, subrayando que estas prácticas amenazan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la integridad del Estado de derecho. El Partido Liberal Marroquí ha interpuesto dos denuncias contra Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia. La primera está dirigida al ministro de Economía y Finanzas, mientras que la segunda tiene como destinatario al Primer Presidente del Tribunal de Cuentas. El partido acusa al ministro de participar en «actividades financieras e inmobiliarias sospechosas», particularmente por haber suscrito un contrato de donación a favor de su esposa, declarando un valor inferior al real de la propiedad. En la denuncia presentada al Tribunal de Cuentas, el partido señala que diversos medios han reportado que el ministro Ouahbi ha estado involucrado en transacciones financieras que superan los 12 millones de dirhams, principalmente para el pago de un préstamo inmobiliario, incluidos los intereses, durante su mandato. Estos hechos, según el partido, suscitan preguntas legítimas sobre el origen de estos fondos y su conformidad con las declaraciones patrimoniales oficiales del ministro. El partido hace un llamado a realizar una «investigación exhaustiva y urgente sobre estos hechos, que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y afectan su estabilidad», exigiendo que los resultados de la investigación sean públicos y que se tomen medidas legales en caso de comprobarse violaciones. En la segunda denuncia dirigida al ministro de Economía y Finanzas, el partido menciona las actividades inmobiliarias del ministro, en particular el contrato de donación firmado para su esposa, donde se declaró un valor inmobiliario inferior al real. El partido recuerda una declaración de Ouahbi en un programa de televisión, donde afirmó su derecho a declarar el valor que consideraba apropiado, argumentando que se trataba de una donación entre cónyuges y no de una venta lucrativa. Ouahbi socava el Estado de derecho El partido considera esta declaración como «una confesión clara de fraude fiscal y una violación flagrante del Código General de Impuestos», que obliga a todos los ciudadanos a declarar el verdadero valor de los bienes inmuebles, ya sea en transacciones onerosas o no, y a pagar los derechos correspondientes bajo pena de revisión y sanciones previstas por la ley. Agrega que eximir al ministro de estas obligaciones socava el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la constitución del Reino. Nuevamente, el partido exige una investigación urgente sobre estos incidentes, que considera una amenaza para la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, llamando a la divulgación de los resultados de la investigación y a las acciones legales necesarias respecto a posibles violaciones fiscales. En una declaración anterior, el partido condenó lo que describe como las «acciones irresponsables de varios ministros del gobierno de Aziz Akhannouch, incluido el Primer Ministro, debido a sospechas crecientes de enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y abuso de poder, en ausencia de vigilancia legal, constitucional o ética.» También advierte sobre el «ascenso preocupante e injustificado de ciertos ministros, encabezados por el ministro de Justicia, actuando por encima de las instituciones del Estado, planteando preguntas sobre las entidades ocultas que les brindan protección y les otorgan un margen de maniobra para violar los derechos de los ciudadanos y las leyes y reglamentos.» El partido concluye llamando a poner fin a estas «prácticas irresponsables», a responsabilizar al ministro de Justicia, a someterlo a un control fiscal, y a aplicar las disposiciones del artículo 143 de la ley sobre la preferencia inmobiliaria a favor del Estado. Finalmente, pide su destitución, considerando que su permanencia en el cargo socava la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho.
