Tras meses de espera, la Comisión Europea finalmente ha respondido, tal como exigió Marruecos el 25 de noviembre de 2024, mediante acciones a los fallos del TJUE del 4 de octubre de 2024, que excluyen al Sahara Occidental de los acuerdos entre la UE y el reino. Una oferta que enfrenta una advertencia del rey Mohammed VI, lanzada el 6 de noviembre de 2024. La Comisión Europea ha manifestado su intención de abrir negociaciones para revisar el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea. La propuesta, presentada el 22 de julio, será evaluada el 10 de septiembre por el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), apenas tres semanas antes de que entren en vigor las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que excluyen los productos del Sáhara Occidental de los acuerdos agrícola y pesquero suscritos con el reino. El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es afrontar dos desafíos principales. «Busca alinear el acuerdo con el fallo del TJUE, el derecho de la UE y el derecho internacional», señala un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, país que ostenta la presidencia rotativa de la UE hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, la oferta pretende «mantener las actuales relaciones comerciales y permitir la importación de productos del Sáhara Occidental con los mismos beneficios arancelarios preferenciales que se aplican a Marruecos». Para cumplir con las sentencias del TJUE, la Comisión Europea propone «establecer un mecanismo de control que garantice que el pueblo del Sáhara Occidental se beneficie de los beneficios obtenidos». ¿Quién se beneficiará de las compensaciones financieras otorgadas al «pueblo saharaui»? El TJUE había señalado que «el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental para la implementación de los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas en este territorio no autónomo es una condición de validez de las decisiones por las cuales el Consejo los aprobó en nombre de la Unión». El Tribunal afirmó que las consultas entre Rabat y Bruselas de 2019 «no estaban dirigidas al pueblo del Sáhara Occidental, sino a las poblaciones que actualmente se encuentran en el territorio, independientemente de su pertenencia o no al pueblo del Sáhara Occidental; una parte significativa de este pueblo se encuentra ahora fuera de este territorio, por lo que estas consultas no eran susceptibles de establecer tal consentimiento de este pueblo». Además de esta compleja cuestión, la propuesta de la Comisión Europea busca también abordar otra sentencia del TJUE que exige el etiquetado de los productos del Sáhara. La oferta presentada por Bruselas «incluirá disposiciones que estipulen que los productos agrícolas importados sean etiquetados como originarios del Sáhara Occidental», según revela el documento de la diplomacia danesa. «La propuesta implica que la Comisión debe garantizar que un futuro acuerdo no imponga obligaciones al pueblo del Sáhara Occidental y que este reciba beneficios concretos, sustanciales y verificables derivados del acuerdo, proporcionales a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental». No obstante, la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores danés no especifica quién debería beneficiarse de las compensaciones financieras que la UE debería otorgar al «pueblo del Sáhara Occidental». Para recordar, el TJUE había indicado el 4 de octubre de 2024 que «el Frente Polisario es un interlocutor privilegiado en el marco del proceso llevado a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas para determinar el futuro estatus del Sáhara Occidental. El Frente Polisario cumple con las condiciones para poder impugnar ante el juez de la Unión las decisiones litigiosas, en interés de dicho pueblo». Como recordatorio, en su discurso del 6 de noviembre de 2024, con motivo del 49º aniversario de la Marcha Verde, el rey Mohammed VI afirmó que «las asociaciones y los compromisos jurídicos de Marruecos nunca se harán en detrimento de su unidad nacional e integridad territorial». Un mensaje dirigido a la UE, cuatro semanas después de las sentencias del TJUE del 4 de octubre de 2024.
