Para responder a la fuerte movilización de las asociaciones agrícolas y del Partido Popular español contra los intereses económicos de Marruecos, empresarios marroquíes y europeos con inversiones en el Sahara han puesto rumbo a Bruselas. El próximo 4 de octubre entrarán en vigor las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitidas el 4 de octubre de 2024, que excluyen al Sáhara Occidental de los acuerdos de asociación entre Marruecos y la Unión Europea. A menos de tres meses de que estos acuerdos de libre comercio sean efectivamente anulados, se están desarrollando estrategias para sortear esta situación dentro de las instituciones europeas, según reveló este miércoles Africa Intelligence. «Rabat y Bruselas están trabajando en una solución a la crisis de las exportaciones agrícolas», destaca el medio. El primer paso de este intento de evasión tuvo lugar el 11 de julio en Bruselas, durante una reunión entre una delegación de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) y María Isabel García Catalán, responsable del departamento de fiscalidad y unión aduanera de la Comisión Europea. Representantes del sector empresarial marroquí, acompañados por un inversor europeo involucrado en la agricultura en el Sáhara, presentaron a la funcionaria europea un informe sobre el impacto de las decisiones del TJUE en las exportaciones marroquíes hacia la UE. La delegación de la CGEM también se reunió con el eurodiputado finlandés Pekka Toveri, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, según Africa Intelligence. Movilización española en Bruselas Este desarrollo dentro de la Unión Europea coincide con una intensa movilización de asociaciones españolas, que exigen el pleno cumplimiento de los fallos del TJUE emitidos el 4 de octubre de 2024. El 21 de julio, la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaron una queja conjunta ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Denuncian un «presunto incumplimiento de las regulaciones de etiquetado de los tomates cherry vendidos en los supermercados españoles», señalando a una empresa francesa que cultiva este producto en cientos de hectáreas en el Sáhara. Esta acción fue precedida por una solicitud de la eurodiputada Carmen Crespo, quien exigió una revisión del «acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos», afirmando que crea un «desequilibrio inaceptable» en el mercado europeo de frutas y verduras, especialmente en el sur de España. Insistió en la necesidad de «controles estrictos que excluyan expresamente cualquier producto procedente del Sáhara Occidental». Este asunto comercial constituye un punto de tensión entre Marruecos y el Partido Popular español. Es importante recordar que la Unión Europea ha reaccionado con cautela ante las demandas de la COAG en España sobre el etiquetado de productos provenientes del Sáhara, en particular los tomates y los melones. «Hay una falta de transparencia. Nos dicen que están negociando con Marruecos para modificar el acuerdo y asegurarse de que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estipula que los productos cultivados en el Sáhara Occidental deben etiquetarse como saharauis y no marroquíes, sea respetada. No dan detalles; simplemente dicen que no pueden decir más», declaró Andrés Góngora, miembro de la COAG, quien se trasladó en junio a Bruselas. Rabat acogerá el próximo octubre la primera sesión del grupo de amistad parlamentaria Marruecos-Unión Europea.
