Marruecos ha logrado un avance significativo en su combate contra el blanqueo de dinero en 2023. Según el séptimo informe anual de la presidencia del ministerio público, publicado el 6 de marzo de 2025, el país ha alcanzado un récord histórico con 134 sentencias dictadas en un solo año, tal como informa Le Matin. Este logro acompaña la salida de Marruecos de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), destacando los esfuerzos nacionales por robustecer su marco contra el blanqueo de capitales. En 2018, se trataron solo 59 casos de blanqueo de dinero, en comparación con los 821 registrados en 2023. Durante este período, el número de sentencias se incrementó notablemente, pasando de 8 a 134, lo que refleja la aceleración de los procesos judiciales y el aumento de la capacidad de los magistrados especializados. Este progreso se debe a varios factores: un marco legislativo más sólido, una mejor coordinación entre instituciones y una cooperación internacional más intensa. El informe también resalta el papel crucial de la formación de magistrados e investigadores, quienes han participado en programas especializados en investigación financiera y rastreo de fondos ilícitos. El informe dedica una sección detallada a la lucha contra el blanqueo de dinero, subrayando su importancia para la protección de la economía nacional. La presidencia del ministerio público considera este tema una prioridad, insistiendo en la necesidad de privar a los delincuentes de los beneficios de sus actividades ilícitas. El compromiso de Marruecos también se refleja en una estrecha colaboración con las instituciones financieras y los reguladores. En 2023, Bank Al-Maghrib y la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) publicaron la primera edición de una guía práctica sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dirigida a los actores del sector financiero. El informe también ofrece un balance de las condenas dictadas en 2023. De todas las sentencias emitidas, el 81 % resultaron en condena, lo que demuestra una eficacia creciente del sistema judicial frente a los delitos financieros. La mayoría de las penas impuestas oscilan entre uno y dos años de prisión (37 %), mientras que las sanciones más severas, superiores a dos años de encarcelamiento, son menos frecuentes (9 %).
