Moody's ha culminado su revisión periódica de las calificaciones de Marruecos y sus entidades asociadas, sin realizar cambios en su nota de crédito. Marruecos mantiene su calificación Ba1, lo que refleja un equilibrio entre políticas efectivas, una sólida base de financiamiento interno y desafíos relacionados con los bajos niveles de ingresos, además de los riesgos en el sector público y bancario. A pesar del incremento de la deuda, el país ha logrado preservar la cohesión social y apoyar su economía frente a recientes desafíos. El crecimiento económico se desaceleró al 2,6 % en 2024, comparado con el 3,4 % en 2023, debido a la escasez de lluvias que afecta a la agricultura. A medio plazo, se espera una recuperación al 3,5 % gracias a las reformas estructurales en marcha. En 2024, el déficit presupuestario se limitó al 4,3 % del PIB, frente a una previsión del 4,5 %, gracias a ingresos fiscales superiores a lo esperado. El déficit de cuenta corriente se mantuvo controlado en un 2,5 % del PIB, respaldado por el turismo, las exportaciones y las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero. La economía marroquí todavía enfrenta el desafío de un bajo ingreso per cápita y un crecimiento vulnerable a las condiciones climáticas, aunque sectores de mayor valor agregado están en desarrollo progresivo. Su sólido marco institucional y la gestión rigurosa de las políticas monetaria y fiscal le otorgan una calificación Baa2 en gobernanza. No obstante, el peso del sector público y la deuda en divisas (17,6 % del PIB) siguen siendo factores de riesgo. Aunque estable, el sistema bancario presenta debilidades relacionadas con la concentración del crédito y operaciones en el extranjero. La perspectiva estable se fundamenta en un equilibrio entre riesgos y oportunidades. Las reformas económicas y sociales, si se implementan con éxito, podrían fortalecer la capacidad del país para absorber choques y estabilizar su deuda. Por el contrario, un aumento en el gasto público, especialmente en infraestructura y protección social, podría afectar negativamente la calificación. Una mejora en la calificación dependería de una aceleración del crecimiento fuera del sector agrícola, la creación de empleos formales y la reducción de desigualdades. En contraste, un incremento en el peso de la deuda, especialmente debido a compromisos del sector público, podría ejercer una presión negativa.
