Como es habitual, el partido Sumar, integrante de la coalición gubernamental española junto al PSOE, ha expresado críticas hacia la postura del gobierno respecto al conflicto del Sahara. El partido ha solicitado explicaciones al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la prohibición impuesta por Marruecos a la marcha «Libertad para los presos políticos saharauis». Esta marcha, que inició el 31 de mayo en Tarifa con destino a Tánger, fue bloqueada por las autoridades marroquíes, impidiendo el ingreso de los participantes al territorio del reino. La petición fue presentada durante un encuentro en el Parlamento español con la activista francesa Claude Mangin-Asfari, esposa del preso saharaui Naama Asfari, y contó con la presencia del coordinador del partido, Antonio Mayo. Sumar reafirmó su respaldo a la causa, destacando su «compromiso de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y de reconocer la responsabilidad histórica de España como antigua potencia colonial». Mientras el gobierno español mantiene su atención en la situación palestina, Sumar considera crucial continuar apoyando al Frente Polisario. El partido advierte que apartarse de esta causa implicaría aplicar un doble rasero en comparación con el respaldo a los saharauis. Sumar ha dirigido una consulta escrita al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, cuestionando las razones detrás del rechazo de Marruecos a la entrada de los participantes de la marcha y las medidas adoptadas por Madrid para salvaguardar los derechos humanos, especialmente tras la expulsión de más de 17 españoles, incluidos periodistas, por parte de Marruecos este año. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reiterado su compromiso con los derechos humanos, según informan medios españoles.
