El tribunal de primera instancia de Berrechid ha aplazado al 30 de junio el juicio del acusado en el accidente de la playa de Sidi Rahal, donde Ghita resultó gravemente herida por un todoterreno que circulaba a alta velocidad mientras remolcaba una moto acuática. El drama ilustra violaciones flagrantes a las disposiciones legales, comenzando por la ley 81.12 sobre el litoral. El tribunal de primera instancia de Berrechid ha pospuesto hasta el 30 de junio el juicio del implicado en el accidente ocurrido en la playa de Sidi Rahal, que dejó a la pequeña Ghita en estado crítico. La decisión busca dar tiempo a los abogados defensores para preparar su estrategia, mientras que se negó la solicitud de libertad provisional. El 15 de junio, Ghita, una niña de 4 años, fue atropellada por un SUV que remolcaba una moto acuática, sufriendo graves lesiones en la cabeza que requirieron una intervención quirúrgica urgente. Aún conmocionados por la brutalidad del incidente, los padres de la menor no asistieron a la breve audiencia. La niña fue dada de alta del hospital el 22 de junio, aunque sigue afectada por el trauma. Durante la audiencia, el abogado defensor rechazó la idea de que el acusado fuera un «niño mimado» o que hubiera evitado la justicia. Por otro lado, los abogados de la parte civil destacaron la «imprudencia» del conductor, cuestionando su responsabilidad según la ley. La familia lo acusa, entre otras cosas, de intentar ocultar el lugar del crimen. Sidi Rahal: Indignación tras el atropello de una niña por un SUV en la playa La ley prohíbe la conducción y el estacionamiento en las playas En este contexto, la asociación No toques a mi hijo denunció «un drama inaceptable en la playa pública». Najat Anwar, presidenta de la ONG, cuestionó las deficiencias en la seguridad de estas áreas, donde el acceso de vehículos motorizados está estrictamente regulado. «¿Dónde están los dispositivos de vigilancia destinados a proteger a los niños y los veraneantes?», criticó la activista, refiriéndose a la ley 81.12 sobre la protección del litoral, que «no se aplica rigurosamente». Según esta ley, la circulación de vehículos motorizados en zonas del litoral y el estacionamiento fuera de áreas habilitadas están prohibidos, salvo excepciones para vehículos de servicio público. El artículo 50 de la misma ley establece que dañar el estado natural de la costa marítima puede ser castigado con «una pena de prisión de dos meses a dos años y una multa de 20,000 a 500,000 dirhams o una de estas dos penas». El artículo 52 prevé una multa de 1,200 a 10,000 dirhams por otras infracciones, como obstruir el «libre acceso del público a la costa marítima», la circulación y estacionamiento de «cualquier vehículo en las dunas, playas y a lo largo de la costa marítima» en violación de las disposiciones, o el uso de «un vehículo náutico fuera de los espacios reservados» para ello. Sidi Rahal: El padre de Ghita asegura la mejoría del estado de la niña Un drama que cuestiona la implementación de la ley 81.12 En este caso, la asociación No toques a mi hijo ha instado a las autoridades a tomar «medidas firmes e inmediatas», pidiendo un juicio ejemplar, además de «la publicación de una circular conjunta de los ministerios del Interior y Equipamiento prohibiendo el acceso de vehículos motorizados a las playas, salvo en intervenciones oficiales reglamentadas». Esta demanda también ha llegado al Parlamento. En una pregunta oral dirigida al Ministerio del Interior, la diputada de la oposición Latifa Chérif afirmó que el incidente ilustra la «amenaza para la seguridad de los niños en lugares que se supone son seguros, de esparcimiento y ocio». La representante de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) cuestionó al ministerio sobre las medidas implementadas en los litorales «para vigilar y prevenir las violaciones de la seguridad pública antes de este incidente, así como las medidas tomadas o previstas para reforzar la seguridad y protección en las playas y parques, a fin de garantizar que no se repitan tales actos delictivos». En este sentido, la asociación No toques a mi hijo recomendó «la habilitación de zonas específicas para deportes náuticos, separadas de los espacios frecuentados por las familias», insistiendo en que el proceso judicial en curso debe conducir a una «reparación integral del daño moral y material sufrido por la familia de la víctima».
