El descubrimiento del cuerpo sin vida de Mohamed Bouislikhen, un joven pastor de 15 años, hallado colgado el lunes 16 de junio cerca de un arroyo en una zona montañosa de Douar Ait Za'rour, en la comuna de Aghbalou N'Serdan (provincia de Midelt), ha sacudido a la comunidad local. Las circunstancias de su muerte son aún inciertas. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos descartan la posibilidad de un suicidio y demandan una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. En este contexto, la sección Draa-Tafilalet de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) afirmó que «lo ocurrido ha provocado un profundo impacto en la opinión pública y suscita muchas preguntas sobre la seguridad y protección de los niños en su entorno social». La ONG solicita una «investigación urgente, justa y transparente para determinar las circunstancias exactas de esta trágica muerte y establecer las responsabilidades legales necesarias». La AMDH también ha subrayado la importancia de «respetar el derecho a la verdad y a la justicia para evitar que tragedias como esta se repitan». Además, condena cualquier forma de posible negligencia en este caso. La asociación ha señalado la precariedad que enfrentan los niños en las zonas rurales, así como la marginación, el aislamiento y la exclusión que sufren los jóvenes pastores nómadas, quienes carecen de protección legal y social. La organización considera que «la tragedia de Midelt no es solo un drama familiar, sino una nueva alerta que exige una intervención urgente y responsable para preservar lo que queda de la dignidad infantil y del derecho fundamental a la vida». Recuerda que la protección de la infancia es una «responsabilidad colectiva que requiere la movilización de todos los actores para garantizar un entorno seguro, libre de miedo, negligencia y violencia». Por su parte, el Centro Marroquí para los Derechos Humanos también ha exigido una «investigación judicial urgente e imparcial». Además, ha denunciado la persistencia del trabajo infantil en condiciones ilegales, especialmente en las zonas rurales. El centro ha instado al gobierno marroquí a «asumir plenamente sus responsabilidades implementando programas sociales destinados a proteger a los niños, garantizar su escolarización, apoyar a las familias y poner fin a todas las formas de explotación económica de los menores, especialmente en las regiones remotas».
