El proyecto de ley 59.24 relacionado con la reforma de la educación superior y la investigación científica fue aprobado por el Consejo de Gobierno este jueves, con vistas a su próximo examen por ambas Cámaras del Parlamento. Incluso antes de la votación de los diputados, algunos términos del texto ya están siendo implementados por las universidades, en preparación para el inicio del curso 2025/26. Sin embargo, algunos puntos están generando debate entre los docentes y los estudiantes. Reunido este jueves 28 de agosto en Rabat, el Consejo de Gobierno examinó y aprobó el proyecto de ley 59.24 relativo a la reforma de la educación superior y la investigación científica, tal como fue propuesto por el ministro responsable Azzedine El Midaoui. Elaborado desde el año 2024 y sometido a la Secretaría General del Gobierno, el texto se desarrolla en virtud de la ley marco 51.17 relativa al sistema de educación, formación e investigación científica. Durante la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno, el ministro delegado ante el jefe del Ejecutivo encargado de las Relaciones con el Parlamento, portavoz del gobierno, Mustapha Baitas, destacó que el objetivo era «apoyar el papel activo de la educación superior y la investigación científica en la realización de las prioridades nacionales en materia de desarrollo». Además, se trata de fortalecer el papel central del sector en «la formación del capital humano, de manera que acompañe las políticas, programas y proyectos estructurales del país». Así, el objetivo del proyecto de ley es «definir la orientación dada a la política pública relativa a la educación superior y a la investigación científica, así como su organización global, especialmente en términos de estructuración, gobernanza, ingeniería pedagógica, además de los mecanismos de seguimiento y evaluación», señaló Mustapha Baitas. Organizaciones estudiantiles amenazan con huelga En vísperas de su aprobación por el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley 59.24 fue criticado por tres organizaciones estudiantiles. La Unión Nacional de Estudiantes de Marruecos (UNEM), la Comisión Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM) y la Coordinación Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Marruecos publicaron un comunicado conjunto. En él expresaron sus intenciones de «escribir al ministerio de Educación Superior, Investigación Científica e Innovación, así como al jefe del gobierno al respecto», además de anunciar la posibilidad de «realizar huelgas y manifestaciones en el terreno» a partir del inicio del curso universitario. De hecho, los firmantes calificaron esta reforma como un «retroceso» en varios logros. Las tres estructuras señalan sobre todo la eliminación de la posibilidad, expresamente prevista hasta ahora, de organizarse bajo asociaciones o comités representativos de los estudiantes. Según ellas, esto representa una «contradicción flagrante con el espíritu» de la Constitución y sus principios que garantizan las libertades públicas. «Aunque promulgada en 2000 bajo la antigua Constitución, la ley 01.00 contenía artículos claros (71, 72 y 73) que garantizaban a los estudiantes el derecho de organizarse dentro de sus instituciones universitarias y gestionar sus asuntos internos a través de sus órganos representativos (organizaciones, asociaciones, consejos y comités estudiantiles, etc.). Sin embargo, las recientes enmiendas, aunque adoptadas bajo la Constitución de 2011 que reconoce explícitamente la libertad de expresión, organización y acción colectiva, han eliminado estas disposiciones esenciales», señalaron las tres estructuras. En este contexto, los firmantes recuerdan que «hace menos de un año, el ministerio de Educación Superior firmó un acuerdo oficial con los comités y consejos nacionales de estudiantes de medicina, odontología y farmacia, reconociendo la legitimidad de estas representaciones y llamando a las facultades a integrarlas en su reglamento interno, un paso importante hacia la consagración de un enfoque participativo». «Si este modelo representa la orientación general y una base para fortalecer la confianza institucional, la lógica y la equidad exigen su generalización a todas las instituciones de educación superior, en lugar de intentar enterrarlo y ocultar sus características», argumentan las estructuras. En efecto, los firmantes expresaron su rechazo a un enfoque que califican de «unilateral» en la elaboración del proyecto de ley. También critican la eliminación de los artículos 71, 72 y 73 contenidos en la ley 01.00, considerando que «constituyen una garantía legal de la libertad de los estudiantes para organizarse y defender sus derechos dentro de la universidad». Además, lamentaron lo que consideran una apertura hacia una mayor privatización de la educación superior pública, debido a vacíos legales que, según ellos, cuestionan «el principio de igualdad de oportunidades». Docentes critican las circunstancias de la elaboración del texto Esta posición resuena con críticas anteriores de las organizaciones sindicales de la educación, que se han preguntado especialmente sobre el momento estival del examen del proyecto de ley. Entre ellas, la corriente progresista de profesores e investigadores dentro del Sindicato Nacional de la Educación Superior (SNE-Sup) también ha amenazado con huelga. En un comunicado, la estructura además señaló la ausencia de un enfoque participativo amplio en la fase de elaboración del borrador en examen. Además, considera que el proyecto de ley «es contrario a los artículos 31, 33 y 154 de la Constitución, que garantizan el derecho a una educación de calidad, a la participación democrática y a la buena gobernanza». La instancia también subraya que el texto «vacía la ley 01.00, a pesar de sus deficiencias, de su espíritu reformador y transforma la universidad en un espacio administrativo subordinado, desprovisto de poderes democráticos». Para la organización sindical, el proyecto de ley «debilita profundamente las estructuras elegidas (consejos universitarios, consejos de establecimiento, departamentos y laboratorios)», al otorgar «una autoridad absoluta a la administración a través del Consejo de Gobernadores». Defendiendo sin embargo este borrador, en respuesta a las preguntas durante la rueda de prensa, Mustapha Baitas destacó que esta reforma se produce «un cuarto de siglo» después de las últimas enmiendas a principios de los años 2000. «El objetivo de las diferentes iniciativas tomadas por el gobierno es asegurarse de que el sistema de educación superior en el país contribuya en gran medida a la independencia de las universidades, al fortalecimiento de la coherencia del servicio público y a la evolución de la pedagogía», declaró Baitas, añadiendo que «el debate es necesario sobre este tema». La composición del Consejo de Gobernadores El sindicato cuestiona especialmente la naturaleza del Consejo de Gobernadores, dado que se trata de una instancia no electiva. Esta es presidida por un alto responsable, reconocido por su competencia científica y su experiencia en la gestión pública. A propuesta de la autoridad gubernamental encargada de la educación superior, es nombrado por decreto real, para un mandato de cuatro años renovables dos veces. Entre los miembros de este consejo se encuentran especialmente representantes de los sectores económicos y sociales, expertos en educación superior e investigación científica, un docente superior elegido por el cuerpo docente entre los miembros del consejo universitario, así como un representante de los cuadros pedagógicos y técnicos, elegido entre los cuadros miembros del consejo universitario. El consejo también está compuesto por las instancias gubernamentales encargadas de la Educación Superior y de las Finanzas, los secretarios perpetuos de la Academia del Reino de Marruecos y de la Academia Hassan II de Ciencias y Técnicas o sus representantes, además de los gobernadores y presidentes de las regiones o sus representantes.
