La escuela Al Akhawayn de Ifrane se defiende ante las acusaciones de expulsiones arbitrarias de 16 alumnos, alegando violaciones repetidas de su reglamento por parte de algunas familias. La controversia, que ha adquirido una dimensión nacional y política, plantea preguntas sobre la gestión interna del establecimiento y el impacto en la educación de los estudiantes afectados. Tras la denuncia pública de los padres de 16 alumnos por lo que consideran una «expulsión arbitraria», la escuela involucrada ha ofrecido su versión de los hechos. En un comunicado enviado a Yabiladi el sábado, la escuela Al Akhawayn de Ifrane (ASI) explicó que estas expulsiones se decidieron «exclusivamente en respuesta» a lo que describen como «violaciones repetidas del reglamento interno» cometidas por siete familias. Fundada en 1995 en Ifrane para recibir inicialmente a los hijos de los miembros del cuerpo docente de la Universidad Al Akhawayn (AUI), la institución justificó estas medidas debido a «actos graves, repetidos y continuos de acoso e intimidación» dirigidos contra profesores, administradores e incluso otros padres. También mencionó intentos reiterados de «imponer decisiones que son estrictamente competencia de la gobernanza de la institución: gestión de recursos humanos, elección de libros de texto, orientación pedagógica, gestión presupuestaria e integración tecnológica». La escuela defendió su decisión, afirmando que su objetivo es «preservar la comunidad, asegurar la equidad entre las familias y mantener los estándares académicos por los que es reconocida». La escuela justifica la expulsión En respuesta a las dudas sobre la calidad de su enseñanza, la escuela citó «las equivalencias obtenidas del College Board (a través de su programa Advanced Placement Capstone y Advanced Placement Program), así como la admisión de sus graduados en prestigiosas universidades como Yale, Brown, George Washington, Swarthmore, Haverford y McGill». ASI añadió que no ha «escatimado esfuerzos» para resolver las tensiones mediante el diálogo, pero precisó que la escalada de confrontaciones priorizó la protección de los estudiantes, profesores y familias, ante lo que calificó de «esfuerzos interminables e infructuosos» con las siete familias. La escuela informó a los padres afectados desde marzo-abril de 2025 sobre su decisión, invitándolos a inscribir a sus hijos en otros centros para el siguiente año escolar. Además, la escuela señaló que las familias habían presentado 49 demandas, «ninguna de las cuales ha sido ganada hasta la fecha», con dos casos aún en curso. El conflicto captó la atención nacional después de que los padres de los 16 alumnos condenaran públicamente lo que describieron como una decisión arbitraria relacionada con su implicación en la asociación de padres y sus críticas a la gestión de la escuela. En un video, se quejaron de que sus hijos permanecen sin escolarización y que no pueden inscribirlos en otra parte debido al «estatus especial de su antigua escuela». La controversia ha tomado también un giro político, con el exministro de Justicia Mustapha Ramid expresando públicamente su solidaridad con las familias de los estudiantes y un diputado del PPS solicitando al ministro de Educación que aclare las circunstancias de estas expulsiones y presente las medidas previstas para resolver la situación.
