Marruecos se mantuvo en el nivel 2 en el informe estadounidense sobre la trata de personas, que reconoció avances en materia de enjuiciamientos, identificación de víctimas y nuevos refugios. El documento advierte que persisten desafíos en términos de anticipación, recursos y capacidad de los actores en primera línea de intervención. Marruecos «no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo». Así lo indica el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre la trata de personas, que mantiene al país en el nivel 2, aunque reconoce avances en el último año. En el ámbito judicial, Marruecos ha fortalecido la aplicación de medidas contra la trata. La ley 27.14 sanciona la explotación sexual y el trabajo forzado con penas de 5 a 10 años de prisión y multas considerables. Si las víctimas son menores, las penas pueden alcanzar los 30 años. Estas medidas son consideradas «suficientemente severas» y comparables a las del delito de violación, según el informe. En 2024, las autoridades marroquíes investigaron a 204 sospechosos relacionados con estos delitos, en comparación con 119 el año anterior. Se iniciaron 213 procesos judiciales, principalmente por trata sexual, frente a 171 en 2023. No obstante, los tribunales condenaron a 60 implicados, frente a 82 anteriormente, de los cuales 53 fueron por trata sexual. El informe también destacó avances con fiscales especializados ahora operativos en las 22 cortes de apelación. Sin embargo, «los agentes de primera línea enfrentan una falta de comprensión sobre la trata», lo que afecta la identificación de casos y las investigaciones. Esfuerzos de protección y prevención En términos de protección, el gobierno identificó a 452 víctimas potenciales en 2024, de las cuales 229 fueron confirmadas, lo que representa un aumento de más de 169 respecto a 2023. Los afectados recibieron asistencia médica, psicosocial y legal, y los refugios se ampliaron con el apoyo de ONG. Sin embargo, las asociaciones señalan que «la baja identificación proactiva y el subuso de los refugios disponibles han obstaculizado los esfuerzos de protección». El informe también resalta la apertura del primer refugio especializado de Marruecos en Tánger y la finalización de un segundo en Fez, que aún no está operativo. Los servicios están disponibles principalmente para mujeres y niños, con acceso limitado para hombres. Los tribunales también ordenaron compensaciones para 23 víctimas en 2024. En cuanto a la prevención, el informe señala que la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata se reunió cinco veces. La sociedad civil, por su parte, advierte sobre la falta de recursos y personal. A pesar de esto, Marruecos continuó implementando su estrategia nacional 2023-2030 con campañas de sensibilización, líneas de asistencia telefónica y capacitaciones para las fuerzas del orden y diplomáticos. Sin embargo, la línea de asistencia permanece «peri periódicamente inactiva». Las medidas para reducir la demanda de trata sexual siguen siendo limitadas. Finalmente, el informe traza un perfil general de la trata en Marruecos, que afecta tanto a marroquíes como a migrantes. Los niños son explotados en el trabajo doméstico, la mendicidad forzada y la trata sexual, siendo las comunidades rurales cada vez más vulnerables debido a la sequía. Los migrantes, especialmente de África subsahariana, enfrentan mayores riesgos de explotación en el trabajo doméstico y la trata sexual. Según las ONG, el 90% de las víctimas identificadas en 2024 son mujeres marfileñas. Departamento de Estado estadounidense: Marruecos entre los países afectados por la explotación sexual Por su parte, los trabajadores marroquíes en el extranjero, especialmente en Europa y en los países del Golfo, son sometidos a trabajo forzado y explotación sexual. Algunos son reclutados bajo pretextos falsos para trabajos en el sudeste asiático, donde son obligados a realizar tareas abusivas o participar en estafas. Recomendaciones El informe incluye una serie de recomendaciones para que Marruecos intensifique sus esfuerzos contra la trata de seres humanos. Se sugiere fortalecer los mecanismos de identificación y derivación de víctimas, estableciendo procedimientos operativos estándar (SOP) para examinar proactivamente a las poblaciones vulnerables, incluidos los migrantes indocumentados. También se aconseja implementar plenamente el Mecanismo Nacional de Derivación (NRM). Los responsables judiciales y de las fuerzas del orden, la sociedad civil y otros actores de protección deberían ser capacitados para aplicar estas herramientas de manera efectiva. Además, el informe llama a fortalecer la capacidad de los agentes de primera línea para distinguir los casos de trata de los de tráfico de migrantes, garantizando que las víctimas sean derivadas eficazmente a refugios, servicios psicosociales y asistencia legal. La cooperación con la sociedad civil en la identificación de víctimas y el desarrollo de políticas también debería ampliarse. Para mejorar la protección, el informe recomienda ampliar los servicios especializados como refugios, atención psicosocial, asistencia legal y apoyo al repatriamiento. También destaca la necesidad de fortalecer las asociaciones con ONG y aumentar el apoyo gubernamental a las entidades que proporcionan estos servicios. A nivel institucional, el informe insta a Marruecos a asignar más recursos humanos y materiales a la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata, para permitirle cumplir eficazmente su papel de coordinación. En cuanto a la responsabilidad, Marruecos debe intensificar las investigaciones y los procesos judiciales en los casos de trata, incluidos aquellos que involucren a funcionarios cómplices. También debería imponer penas de prisión significativas a los traficantes condenados. Al mismo tiempo, las autoridades deben asegurarse de que las víctimas no sean penalizadas por actos ilegales cometidos como consecuencia directa de su trata, como los relacionados con la prostitución o la inmigración. Finalmente, el informe pide una mejora en la recopilación de datos por parte de las fuerzas del orden, para garantizar informes precisos y distinciones claras entre los delitos de trata y el tráfico de migrantes.
