El martes, en Rabat, se formalizó un convenio de asociación y cooperación institucional entre la Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción (INPPLC) y el conglomerado de la Dirección General de Seguridad Nacional y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGSN-DGST). Este acuerdo no es solo un mecanismo de cooperación técnica; representa la firme intención del Estado de «fortalecer su frente interno contra las amenazas de la corrupción, estableciendo bases sólidas para una coordinación y complementariedad institucional entre un órgano de seguridad soberano y una instancia constitucional independiente», según un comunicado conjunto. El objetivo es implementar un enfoque integral. El director general de Seguridad Nacional y Vigilancia del Territorio, Abdellatif Hammouchi, y el presidente de la INPPLC, Mohamed Benalilou, firmaron este acuerdo, cuya preparación comenzó el 4 de julio de 2025. La iniciativa refleja una conciencia institucional sobre el papel crucial de los órganos de seguridad modernos en la promoción de la buena gobernanza, alineándose con las mejores prácticas internacionales. A través de este convenio, ambas entidades buscan alcanzar objetivos significativos en la prevención y lucha contra la corrupción, mejorando la coordinación y el intercambio de información. Además, se enfocan en el desarrollo de capacidades institucionales mediante programas de formación básica, continua y especializada. El comunicado destaca que este acuerdo responde a los desafíos que plantea la corrupción, considerada una grave amenaza que socava los pilares de la justicia y el desarrollo sostenible, disminuye la eficacia de las políticas públicas y afecta la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones. Este convenio también se enmarca en la conciencia creciente sobre la importancia de luchar contra todas las formas de corrupción y desviaciones, en consonancia con las disposiciones constitucionales que promueven la transparencia y la probidad. Se alinea con las directrices reales y los compromisos de Marruecos bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
