DR ‹ › El gobierno español ha rechazado de manera tajante haber ordenado arrestos o expulsiones exprés de migrantes en situación irregular hacia Marruecos. Esta declaración responde a las acusaciones de la Asociación de Profesionales del Trabajo Social Tejiendo Redes, que afirma que se están llevando a cabo detenciones antes de que los afectados puedan beneficiarse del proceso de regularización excepcional iniciado por Madrid el pasado 27 de enero, según informan medios españoles. En un comunicado, la asociación asegura que trabajadores sociales y abogados del Campo de Gibraltar, especialmente en Algeciras y sus alrededores, han recopilado información "fiable" sobre operativos de seguridad dirigidos a migrantes en situación irregular. Estas intervenciones se realizarían frecuentemente cerca de consulados extranjeros y estaciones de transporte público, lugares a los que los migrantes acuden para completar su documentación. La asociación sostiene que llevar a cabo expulsiones en menos de 24 horas equivale a una "repatriación forzada", privando así a los individuos de sus derechos fundamentales, como el acceso a un abogado, la comprensión de las razones de su arresto en un idioma claro y la posibilidad de impugnar la decisión de expulsión. Destacan que la gravedad de la situación radica en el momento en que se produce, coincidiendo con un período de transición antes de la aplicación del procedimiento de regularización. El decreto que regula este procedimiento aún no ha sido publicado en el boletín oficial, por lo que actualmente es imposible presentar solicitudes, aunque se espera que el proceso comience a mediados de abril. Por otro lado, fuentes oficiales de la subdelegación del gobierno en Cádiz han confirmado que no se ha emitido ninguna directiva de este tipo, precisando que la policía nacional no ha lanzado ninguna campaña destinada a expulsar a extranjeros en situación irregular. A pesar de estas declaraciones, la asociación insiste, citando al menos un caso documentado en el que un individuo fue arrestado y deportado a Marruecos el mismo día o al día siguiente. Según ellos, esto plantea serias dudas sobre el respeto a las garantías legales fundamentales.
