La nueva directiva bancaria de la UE, la Directiva (UE) 2024/1619, introduce normas más estrictas para las sucursales de bancos no europeos, afectando directamente a los bancos marroquíes que operan en Europa. Yabiladi detalla los cambios que podrían impactar a las sucursales bancarias marroquíes en la UE para enero de 2026. La Unión Europea está a punto de implementar una nueva normativa estricta para las sucursales bancarias de países no pertenecientes a la UE. Esta medida, que introduce reglas más rigurosas, afectará directamente a los bancos marroquíes que operan en el bloque, impactando así en las transacciones financieras de los marroquíes residentes en Europa. Aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en mayo de 2024, la Directiva (UE) 2024/1619 modifica las sanciones y regulaciones relacionadas con las sucursales de terceros países, abordando también aspectos como la supervisión, las sanciones y los riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Esta directiva revisa una ley existente (la Directiva 2013/36/UE) que regula la supervisión bancaria en la UE. El objetivo de las enmiendas es «fomentar la armonización del marco de supervisión bancaria y, en última instancia, profundizar el mercado interior bancario», según el punto 1 de la Directiva. Ley nacional versus marco prudencial común ¿Cuál será el impacto de estos cambios en los bancos marroquíes que operan en la Unión Europea? Actualmente, estas sucursales extracomunitarias están regidas por el derecho nacional, lo que la nueva regulación considera una señal de «muy baja armonización a nivel de la UE». Los reguladores europeos destacan que las sucursales de terceros países solo están sujetas a requisitos de información muy generales, sin normas prudenciales uniformes o acuerdos de cooperación en materia de supervisión, según el punto 17 de la nueva directiva. Esto crea una «ausencia de un marco prudencial común», llevando a que «las sucursales de terceros países estén sujetas a requisitos nacionales dispares de niveles de prudencia y alcance variables». Como consecuencia, las autoridades de supervisión carecen de las herramientas e información necesarias para monitorear eficazmente los riesgos planteados por estos bancos que operan en varios Estados miembros de la UE. Clasificación de las sucursales de terceros países Para remediar esta situación, la nueva directiva impone un marco para las sucursales de terceros países con requisitos mínimos comunes en materia de autorización, normas prudenciales, gobernanza interna, supervisión e informes. Este marco se basará en las regulaciones existentes aplicadas por los Estados miembros de la UE a las sucursales de terceros países, teniendo en cuenta las prácticas internacionales para garantizar la coherencia con regulaciones similares en otros países. La Directiva detalla los elementos esenciales de este marco regulatorio para las sucursales de terceros países que operan en la UE, con un sistema de clasificación. Las nuevas enmiendas proponen clasificar estas sucursales en función de sus riesgos, la supervisión a la que están sujetas y los criterios de autorización para sus actividades en la UE. «Las sucursales de terceros países deberían ser clasificadas como clase 1, donde se consideran más riesgosas, o clase 2, donde se consideran pequeñas, no complejas y que no representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera», según el punto 19 de la Directiva. Las sucursales serán clasificadas en «clase 1» si el marco regulatorio de su empresa matriz no se considera equivalente a las normas de la UE establecidas por la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013. Para evaluar si las normas bancarias de un tercer país son comparables a las normas de la UE, la Comisión Europea puede solicitar a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que examine las regulaciones del país. La ABE realizará esta evaluación de manera minuciosa y transparente, en colaboración con las autoridades del país y las partes interesadas relevantes. Un informe explicando las conclusiones será luego publicado. Además, las sucursales de terceros países que figuran en la lista de países de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) o la financiación del terrorismo (CFT), según la Directiva (UE) 2015/849, serán clasificadas como clase 1. Estas sucursales se consideran un riesgo incrementado para la estabilidad financiera en la UE, especialmente si las regulaciones de su país de origen no gestionan adecuadamente los riesgos relacionados con sus operaciones en la UE. Convertirse en una filial Otra enmienda importante de la nueva regulación es que, cuando sea necesario, las sucursales de terceros países deben solicitar autorización para convertirse en instituciones filiales. El punto 21 de la directiva estipula que «las autoridades competentes deberían tener el poder explícito de exigir, caso por caso, que las sucursales de terceros países soliciten una autorización». Esto podría ser necesario en los siguientes casos: 1- Si una sucursal de terceros países lleva a cabo actividades que infringen las reglas del mercado interior de la UE o representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la UE o de sus Estados miembros. 2- Si la sucursal posee 10 mil millones de euros o más en activos en el Estado miembro, o si el total de activos de todas las sucursales del mismo grupo de terceros países en la UE supera los 40 mil millones de euros. La directiva establece otras regulaciones de supervisión estrictas, incluyendo exámenes de conformidad que permiten a las autoridades competentes evaluar regularmente la conformidad de las sucursales de terceros países con los requisitos de la UE, incluyendo la Directiva 2013/36/UE. Además, se debe proporcionar una supervisión común e informes financieros a las autoridades a través de modelos estandarizados desarrollados por la ABE. Esto garantiza que todas las actividades de los grupos de terceros países que operan en la UE estén sujetas a una supervisión completa y que se gestionen los riesgos para la estabilidad financiera. La Directiva 2024/1619 suscita la resistencia marroquí Los bancos marroquíes perciben esta directiva como una amenaza para las transferencias de dinero de los marroquíes que viven en el extranjero, las cuales representan el 20 % de los depósitos bancarios. En respuesta a esta amenaza, Marruecos ha formado una «task force permanente» compuesta por Bank Al-Maghrib, los ministerios pertinentes y los bancos afectados, para negociar con la Comisión Europea y las autoridades de países clave como Francia, España, Italia, Bélgica y los Países Bajos, con el fin de encontrar soluciones que garanticen la continuidad de estas transferencias de dinero. «Las autoridades están examinando todas las soluciones, incluidas las soluciones digitales, para superar los obstáculos que estas nuevas regulaciones impondrán a las operaciones de los bancos marroquíes», aseguró el gobernador de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, durante una reciente actualización sobre los esfuerzos de Marruecos respecto a la nueva directiva de la UE. Jouahri incluso declaró en marzo, cuando se le preguntó su opinión sobre la directiva de la UE después de una reunión del Consejo de Bank Al-Maghrib, que Marruecos no estaba satisfecho. «La forma en que se redactó la directiva da la impresión de que prácticamente quieren que los flujos financieros permanezcan dentro de la UE.» Es importante señalar que la Directiva (UE) 2024/1619 entró en vigor el 9 de julio de 2024, 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 19 de junio de 2024. Los Estados miembros deben transponer sus disposiciones en el derecho nacional antes del 10 de enero de 2026, lo que significa que las nuevas regulaciones deben ser adoptadas e implementadas a nivel nacional antes de esta fecha.
