Habiéndose constituido como parte civil en el caso de la violación colectiva de una menor de 13 años con discapacidad mental en El Attaouia, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Marrakech-Menara va a recurrir a la justicia respecto a otro aspecto del expediente. La víctima, tras haber dado a luz como consecuencia de los abusos repetidos, busca que la ONG obtenga el reconocimiento de la filiación de uno de los tres condenados, basándose en la prueba de ADN realizada durante la investigación. En abril pasado, tres acusados en el caso de violación colectiva de una menor de 13 años en El Attaouia recibieron penas más leves de lo esperado según la ley. El Tribunal de Apelación de Marrakech los condenó a 12, 10 y 8 años de prisión efectiva, además de un total de 200,000 dirhams en compensación a la víctima. Said Fadili, presidente de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en El Attaouia, confirmó a Yabiladi este lunes que los acusados presentaron un recurso de casación, lo que suspende la ejecución del veredicto emitido, a la espera de la decisión del tribunal supremo. Aunque la pena se incrementó en dos años respecto al veredicto inicial emitido en febrero, sigue siendo leve considerando las circunstancias agravantes, lo que prevé la ley y el mínimo que podría exigir el ministerio público. En casos de atentado al pudor contra un menor, el Código Penal contempla penas de 20 a 30 años de reclusión si los hechos se cometen contra una persona con discapacidad mental y resultan en un parto. Violación colectiva en El Attaouia: Penas leves de 6 a 10 años de prisión, la parte civil apela «Es por eso que tanto en primera instancia como en apelación, abogamos por las penas máximas, que los artículos del Código Penal contemplados en este expediente fijan en 30 años de reclusión», afirmó el activista. En este contexto, la asociación reiteró su llamado a la «tolerancia cero» con «los crímenes de violación, pedofilia y explotación sexual de niños, que merecen penas más severas», especialmente porque este caso sórdido recuerda al caso de violación colectiva en Tiflet, en el cual las penas fueron revisadas en apelación. «La prueba de ADN ya establecida debe obligar a la filiación» Contactado también por Yabiladi, el presidente de la sección local de la AMDH en Marrakech-Menara, Omar Arbib, afirmó este lunes que la ONG volverá a acudir a la justicia. «El veredicto fue endurecido en apelación y la compensación a la víctima se duplicó. Pero en términos de penas privativas, estamos decepcionados de que sigan estando por debajo del mínimo requerido, especialmente sabiendo que fue la fiscalía la que ordenó la prueba de ADN y que esta estableció el vínculo de parentesco con el acusado principal al 99.9999%». «Ahora que son los acusados quienes han acudido al tribunal de casación, la batalla judicial que nos queda por librar, como asociación que se ha constituido en parte civil, es asegurarnos de que esta prueba no sirva únicamente para designar a un acusado principal. Debe permitir que un niño tenga todos sus derechos civiles, comenzando por un nombre y una identidad», argumentó Omar Arbib. Marruecos: ¿Cuándo la prueba de ADN para la filiación de niños nacidos fuera del matrimonio? También vicepresidente de la AMDH, el activista expresó su asombro ante el argumento de los acusados. «Durante el juicio, el acusado principal fue confrontado con los resultados de la prueba de ADN que permite reconocer los hechos científicamente. Frente a una compatibilidad del 99.9999%, continuó negando en bloque cualquier parentesco con el recién nacido», exclamó. Para él, «se trata del interés superior del niño». «Es por eso que volveremos a acudir a la justicia, separadamente del expediente de la violación colectiva pero siempre en relación con el caso. El resultado de esta acción debería otorgar derechos también a la madre víctima, ella misma una niña, en un contexto donde esta cuestión sigue estancada en el debate sobre la reforma del Código de la Familia». Omar Arbib En esta nueva fase del examen del expediente, los representantes de la parte civil esperan que «este caso permita revitalizar un debate necesario sobre la cuestión». Para ellos, este último sigue obstaculizado por «desacuerdos entre todas las partes, entre una lectura teológica que no tiende hacia un reconocimiento de la filiación por prueba de ADN, recomendaciones sobre la primacía del interés superior del niño, opiniones jurídicas e institucionales contradictorias o matizadas». «No olvidemos que en medio de todo esto, el futuro de miles de niños está en juego y no pueden ser relegados a ciudadanos de segunda clase. Esto es válido para aquellos que resultan de una violación a menores», insistió Omar Arbib.
