Un experto en seguridad, que prefirió mantener el anonimato, se pronunció extensamente ante la MAP para justificar la dispersión de las manifestaciones del pasado fin de semana, organizadas por el grupo «Gen Z 212». Estas acciones han sido objeto de críticas por parte de ciertos partidos políticos y movimientos de oposición. Según el experto, «la intervención de las fuerzas del orden para prohibir estas concentraciones, impulsadas por entidades desconocidas, se llevó a cabo de manera equilibrada, preservando el orden público y garantizando la seguridad tanto de las fuerzas como de los manifestantes». El experto detalló que las unidades desplegadas «no estaban equipadas con armas de servicio ni con los medios habituales de intervención, como porras, camiones lanza-agua o granadas lacrimógenas, que generalmente se utilizan para dispersar multitudes». Una vez informados los participantes sobre la prohibición, «las fuerzas del orden se encargaron de alejar pacíficamente a aquellos que se negaban a cumplir, sin recurrir a la fuerza legítima». No obstante, el experto señaló que «una minoría de personas se negó a obedecer, lo que requirió su detención y un control de identidad bajo la supervisión de las fiscalías competentes, en las comisarías más cercanas. Posteriormente fueron liberadas de inmediato, sin restricción de sus libertades, conforme a las medidas legales vigentes». En relación con las medidas de detención preventiva aplicadas a algunos manifestantes en Rabat y Casablanca, el experto explicó que se trataba de «medidas legales ordenadas por la fiscalía, tras constatar elementos constitutivos de delitos sancionados por la ley, cometidos por algunos participantes». Se congratuló de que no se registraron lesiones ni actos de violencia durante las manifestaciones y las intervenciones de las fuerzas del orden. Asimismo, no se constataron daños materiales en propiedades privadas o públicas. «Las autoridades públicas no tolerarán ninguna amenaza a la seguridad pública ni alteración del orden público, como resultado de llamados anónimos lanzados en las redes sociales, fuera de los marcos legales que rigen las reuniones públicas», concluyó.
