DR ‹ › El Buró Ejecutivo de la Federación Marroquí de Editores de Periódicos (FMEJ) se reunió en Casablanca para analizar la situación actual de los medios de comunicación y su entorno, al tiempo que revisó los recientes cambios legislativos. Este encuentro se produce tras el rechazo del Tribunal Constitucional a la ley sobre la reorganización del Consejo Nacional de la Prensa, lo que devuelve el texto al proceso legislativo. En un comunicado, la FMEJ destacó que esta decisión brinda una oportunidad para relanzar la reforma. El Tribunal Constitucional señaló disposiciones que contravienen la constitución, especialmente aquellas que comprometen el principio de pluralidad representativa, rechazando así una ley «a medida» propuesta por el Ministerio de Cultura y Comunicación. La FMEJ insta al gobierno a rehacer completamente la ley, en lugar de realizar meros ajustes técnicos. Afirma que el espíritu de la decisión del Tribunal exige la apertura de un diálogo serio y racional con los profesionales implicados, una demanda que ha sostenido durante más de tres años. Asimismo, aplaudió la iniciativa de los grupos de oposición parlamentaria que permitió alcanzar esta decisión, al tiempo que elogió la resiliencia de la coordinación entre las organizaciones profesionales de periodistas y editores. Además, la federación valora el apoyo de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, diversas fuerzas democráticas, organizaciones civiles y sindicatos en su abogacía a favor de la autonomía y la pluralidad del órgano de autorregulación. En su análisis de la situación actual del sector, la FMEJ señaló a la comisión provisional, al gobierno y a las entidades profesionales que respaldan el proyecto. Considera que los problemas actuales, como los retrasos en la renovación de las credenciales profesionales y la mala gestión del apoyo público, son consecuencias directas de decisiones erróneas acumuladas, de una falta de competencia en gestión y legalidad, y de una voluntad de control. También criticó la fragilización de las empresas regionales, así como la falta de criterios claros en la distribución del apoyo.
