Angela Eagle, ministra de Estado de Agricultura y Pesca / DR ‹ › El gobierno británico ha anunciado que el etiquetado de productos agrícolas del Sáhara Occidental como «marroquí» está «prohibido». Esta posición fue comunicada el 3 de marzo por Angela Eagle, ministra de Estado de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino Unido, en respuesta a una pregunta escrita de la diputada laborista Kim Johnson. «Los principios fundamentales de nuestra normativa sobre etiquetado de alimentos estipulan que la información proporcionada al consumidor no debe ser engañosa y debe permitirle tomar decisiones informadas. La posición del Reino Unido es que cuando se proporciona información sobre el origen de productos alimenticios fabricados o cultivados en el Sáhara Occidental, dicha información debe ser precisa y el etiquetado "marroquí" está prohibido.» La ministra también aseguró a la diputada que «los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales examinarán las cuestiones planteadas para que los organismos competentes puedan realizar investigaciones adicionales». Esta declaración de Angela Eagle se interpreta como una victoria para el Polisario y sus simpatizantes en el Reino Unido. En su pregunta escrita, la diputada Kim Johnson había solicitado a la ministra que tomara medidas para detener el etiquetado de productos agrícolas del Sáhara Occidental vendidos en el mercado británico como de origen marroquí. Es importante recordar que el acuerdo de asociación entre Marruecos y el Reino Unido, firmado en Londres el 26 de octubre de 2019 y en vigor desde el 1 de enero de 2021, incluye al Sáhara Occidental en su ámbito de aplicación. En mayo de 2023, el Tribunal de Apelación de Londres rechazó de manera definitiva el recurso de una ONG cercana al Polisario, la Western Sahara Campaign UK (WSCUK), que impugnaba una decisión anterior del Tribunal Administrativo que se negaba a anular dicho acuerdo. En línea con este veredicto, el gobierno laborista había precisado, en agosto de 2024 durante una intervención parlamentaria, que no considera «las actividades comerciales en el Sáhara Occidental como ilegales, siempre que respeten los intereses del pueblo saharaui».
