La Federación de la Izquierda Democrática (FGD) ha exigido una investigación exhaustiva sobre cualquier individuo sospechoso de estar implicado en actos de corrupción y malversación de fondos públicos. En un comunicado emitido el pasado viernes, este partido de oposición denunció «conflictos de intereses» y un «tráfico de influencias» que, según afirman, evidencian un «favoritismo» hacia ciertas personas o empresas. De acuerdo con la FGD, estas prácticas beneficiarían a entidades «cercanas o pertenecientes a altos cargos gubernamentales», incluidos ministros. En este contexto, el partido hace referencia a las recientes filtraciones del grupo de hackers argelinos «Jabroot DZ», subrayando la «urgente necesidad de intervenir y abrir una investigación seria sobre los hechos denunciados». Estas acusaciones se centran principalmente en la supuesta explotación de «información interna relacionada con proyectos de desarrollo» que habría sido desviada para enriquecimiento ilícito. La FGD también señala un «intento de fraude por parte de otro ministro para evadir impuestos». El partido lamenta «una grave violación de los principios de integridad e imparcialidad que deben regir a todo funcionario», y destaca «numerosos casos de conflictos de intereses ya conocidos» en Marruecos. Según el buró político de la FGD, estas situaciones «revelan una vez más la magnitud de la corrupción endémica dentro del aparato estatal». En esta línea, la formación ha convocado a «una jornada nacional de movilización contra la corrupción» y aboga por la protección de quienes la denuncian, exigiendo al mismo tiempo el cese de acciones legales en su contra. En Marruecos, filtraciones anteriores divulgadas por Jabaroot han provocado reacciones de las autoridades. En junio pasado, el fiscal general del rey ante la Corte de Apelaciones de Rabat anunció la apertura de una investigación tras la difusión de alegaciones sobre el hackeo del sitio del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), con la publicación de dos documentos atribuidos a la institución. Por su parte, el Ministerio de Justicia negó cualquier ciberataque contra su sistema de información.
