De regreso de un viaje a Marrakech, Dominique, un comerciante de Maule, en los Yvelines (Francia), se encuentra con una sorpresa mayúscula: una factura de 37,737 euros emitida por su operador, Orange. Esta cantidad le es reclamada por un supuesto consumo masivo de datos móviles entre el 28 de abril y el 5 de mayo, aunque él asegura al Parisien que «ni siquiera tocó el teléfono». El sexagenario, propietario de un bar-tabaco, teme ser víctima de un pirateo o un error técnico. «O me han pirateado, o he cometido una mala manipulación», señala, recordando que había anticipado su viaje ampliando su paquete de datos a 5 GB, válido también en Marruecos. Por su parte, el operador se defiende argumentando que el cliente autorizó un exceso de consumo el 2 de mayo a las 18:14, y que recibió «dieciséis SMS de alerta». Los datos utilizados en itinerancia internacional le fueron facturados hasta 225 euros por minuto. Sin su conocimiento, una sesión nocturna le habría costado 31,000 euros sin impuestos, entre las 3:39 y las 6:34 de la madrugada. «¡31,000 euros en cuatro horas, es una locura! No es lo que gano en un año», se queja Dominique. «No voy a trabajar para Orange durante dos años», añade, decidido a llevar el caso ante la justicia. Frente a lo que considera «absurdo», el hombre se niega a pagar la suma. Ha cambiado de operador y ha perdido el uso de su antiguo número, ya que Orange se negó a proporcionarle el código RIO. Cliente fiel durante 38 años sin fallos de pago, Dominique ha realizado múltiples gestiones: reclamaciones, llamadas, cartas a la sede, mediación. Todo en vano. Ahora espera una respuesta oficial, mientras retoma sus actividades. Sin embargo, su día a día sigue afectado por el corte de su línea y la pérdida de su número. «He perdido contactos y tengo que rehacer trámites con muchas empresas y administraciones», lamenta. Una doble penalización para este profesional.
