La coalición Printemps de la Dignité ha manifestado su «enérgica condena» ante la brutal agresión con arma blanca sufrida por una joven de 25 años a manos de su exmarido en plena vía pública de Taza. En los últimos días, la indignación ha crecido en las redes sociales bajo el hashtag #JusticepourImane, después de que la víctima resultara con múltiples heridas en el rostro y la mano, requiriendo 130 puntos de sutura, y quedando con profundas secuelas físicas y psicológicas. Este viernes, la coalición informó que la joven, tras ser violada por el mismo agresor, quedó embarazada. «Fue obligada a casarse con su violador por temor al escándalo y para asegurar el reconocimiento de la paternidad de su hijo. No obstante, este matrimonio no puso fin a su sufrimiento», señala un comunicado. La coalición denuncia que la víctima fue sometida a «violencias físicas y verbales» constantes, lo que la llevó a solicitar el divorcio. Este caso, afirman, ilustra una vez más «el alarmante incremento de la violencia contra las mujeres, atentando contra su dignidad y violando flagrantemente sus derechos». La coalición exige que Imane reciba «atención médica y psicológica», lamentando el «escaso acceso a la justicia debido a la complejidad de los procedimientos, la dificultad para acceder a los tribunales y la falta de equidad», especialmente por las penas leves que suelen imponerse en estos casos. Además, la coalición reitera su llamado a una «reforma integral del Código Penal, la despenalización del aborto medicamentoso y su inclusión en el Código de Salud Pública, conforme a las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para convertirlo en un servicio accesible a las mujeres en caso de riesgo». También abogan por la «revisión de la ley 103.13 sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres». En este contexto, Printemps de la Dignité sugiere una «revisión de la ley 43.22 sobre penas alternativas, para que la violencia física y sexual contra las mujeres no quede exenta». También propone la «exclusión de los crímenes de violencia física y sexual de la posibilidad de un arreglo amistoso», junto con una «revisión integral y profunda del Código de Familia» que contemple la dignidad y el «interés superior del niño».
