La Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos (ADFM) ha manifestado su «profundo pesar» y «gran preocupación» tras la sentencia de dos meses dictada por el tribunal de primera instancia de Mechra Bel Ksiri en un caso de agresión física contra una mujer. La víctima, atacada con un objeto cortante, ha quedado desfigurada de forma permanente y está incapacitada para trabajar durante 35 días. En un comunicado recibido por Yabiladi, la ADFM advierte que este no es un caso aislado, sino «un patrón recurrente en numerosos incidentes donde las mujeres, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad social y económica, están expuestas a diversas formas de violencia sin poder ejercer su derecho a la justicia penal». «Mientras las víctimas enfrentan dificultades para acceder a la justicia, demostrar el daño mediante pruebas materiales o lidiar con procedimientos complejos y costosos tanto financiera como psicológicamente, a menudo se dictan penas leves que no disuaden, socavando la confianza de las mujeres en un sistema judicial que perpetúa la impunidad», criticó la ONG. En este contexto, la asociación señala que «la falta de disposiciones penales claras y explícitas que criminalicen la violencia de género en el actual Código Penal, así como las limitaciones y deficiencias de la ley 103.13, representan un verdadero obstáculo para la protección efectiva de las mujeres». La asociación ha instado a «una revisión de la política penal para asegurar el principio de no impunidad, una respuesta rápida a los casos de violencia y la eliminación de cualquier disposición discriminatoria que debilite la posición de la víctima». La ONG también recomienda que la revisión del Código Penal incluya «disposiciones claras y estrictas que criminalicen todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente las físicas que causen discapacidad, así como las psicológicas, morales, sexuales, incluyendo la violación conyugal, y las violencias económicas». Además, sostiene que «no puede haber una reforma del Código Penal sin la instauración efectiva de una justicia penal equitativa para las mujeres, que rehabilite a las víctimas, disuada a los agresores y garantice el derecho de las mujeres a la seguridad física y psicológica». Por otro lado, la ADFM ha reiterado su solidaridad con «todas las mujeres víctimas de violencia», subrayando su «compromiso de continuar la acción legislativa a favor de normas protectoras para las mujeres, reforzando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y haciendo de la lucha contra la violencia una prioridad social e institucional».
