El jueves 9 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley n.º 71.24, que modifica y complementa la ley n.º 15.95 relativa al Código de Comercio. Este proyecto fue presentado por el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi. Según un comunicado del portavoz del gobierno, el objetivo es actualizar el marco legal y legislativo que rige las transacciones financieras y comerciales. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política penal en materia de finanzas y negocios, ya que la emisión de cheques sin fondos sigue siendo un problema grave para la sociedad, impactando especialmente a los inversores debido a sus repercusiones económicas y sociales que afectan tanto al emisor como al beneficiario. Tras la reunión del consejo de gobierno, Mustapha Baitas, ministro delegado ante el jefe de gobierno, encargado de las relaciones con el Parlamento y portavoz del gobierno, afirmó que el proyecto de ley busca restaurar la confianza en los cheques como medio de pago. Baitas destacó las cifras proporcionadas por Bank Al-Maghrib para 2024, que revelan que se realizaron 30 millones de transacciones por cheque, con un valor total aproximado de 1.319 mil millones de dirhams. Además, 972.232 cheques fueron rechazados por falta de fondos, y se registraron 180.223 denuncias entre 2022 y finales de junio de 2025. Esto resultó en la persecución de 76.936 personas, de las cuales 58.710 están actualmente encarceladas. El ministro subrayó que estas estadísticas reflejan un problema significativo en las transacciones con cheques, lo que hace necesaria una reforma de la política penal. Añadió que la reforma afecta varios artículos, especialmente el artículo 316. Anteriormente, en caso de impago, el asunto se llevaba a los tribunales, con sanciones que incluían una multa del 25 % del valor del cheque. Ahora, tras la reforma, el pago del valor del cheque y una multa del 2 % detienen definitivamente las acciones legales. El ministro también mencionó la implementación de un sistema de conciliación en todas las etapas del procedimiento, incluida la ejecución de la pena. El pago o el retiro de la denuncia permite no iniciar o archivar el caso. El proyecto prevé una exención penal si el acto ocurre entre cónyuges o ascendientes.
