DR ‹ › La Comisión Europea ha presentado su primera estrategia integral para la política de visados de la Unión Europea, con el objetivo de modernizar y unificar la gestión de visados en todos los Estados miembros. Esta iniciativa busca además fortalecer la movilidad y la competitividad en el sector turístico. La Comisión resaltó que el espacio Schengen es el destino más visitado del mundo, con cerca del 40% de los viajes internacionales cruzando sus fronteras exteriores. El turismo constituye aproximadamente el 10% del PIB de la UE y sostiene alrededor de 23 millones de empleos en diversos sectores. La nueva estrategia enfatiza que el sistema de visados es la primera línea de defensa de la UE contra la migración irregular, el crimen organizado y el terrorismo. En este contexto, la Comisión anunció que considerará la emisión de visados de entradas múltiples, ampliando el límite actual de cinco años. Estos permisos de residencia de larga duración se otorgarán a viajeros de confianza, lo que ayudará a reducir las cargas administrativas y a impulsar la actividad económica. Además, en colaboración con los Estados miembros, se estudiará la posibilidad de emitir visados de entradas múltiples para turismo y negocios, con períodos de validez superiores a cinco años, destinados a solicitantes con un historial de visados legal que no presenten riesgos migratorios o de seguridad. La Comisión también evaluará exenciones a la regla de los 90 días en 180 días dentro del espacio Schengen para ciertas categorías, como artistas itinerantes, atletas y expertos en proyectos transfronterizos. Se utilizarán indicadores específicos para conceder exenciones de visado a países terceros, tales como las tasas de rechazo de visado, las solicitudes de asilo injustificadas, la cooperación en el retorno de migrantes y los estándares de seguridad. Se espera alcanzar un acuerdo sobre estos criterios para 2026. Como iniciativa piloto, se lanzará una oficina en India, enfocada en el sector de la información y las comunicaciones, para apoyar a los nacionales no europeos y a los empleadores en los procedimientos migratorios, con la posibilidad de extenderse a otros sectores y países en el futuro.