El Sindicato Nacional de Campesinos (SNP) ha instado a eliminar las disparidades entre el salario mínimo agrícola (SMAG) y el de otros sectores (SMIG), exigiendo la implementación de los compromisos gubernamentales asumidos en 2022. En un comunicado, la organización, que forma parte de la Federación Nacional del Sector Agrícola (FNSA), ha solicitado al ministro de Inclusión Económica, Pequeña Empresa, Empleo y Competencias que aborde esta desigualdad mediante un decreto que especifique las modalidades y etapas para aplicar esta medida. Este llamado se produce tras una reunión celebrada el viernes 4 de abril, previa al cuarto congreso del SNP. Durante el encuentro, se manifestó un apoyo especial a las trabajadoras agrícolas marroquíes en España, quienes han sido blanco de una campaña de difamación que atenta contra su dignidad. El sindicato también discutió de manera más amplia las condiciones de los trabajadores y sus demandas, en vísperas de un nuevo ciclo de diálogo social entre las principales centrales, el gobierno y el sector empresarial. En este contexto, la organización ha propuesto celebrar un encuentro sectorial con el ministro de Empleo para abordar las prioridades del expediente reivindicativo del SNP, que fue presentado al departamento en mayo y octubre de 2024. Asimismo, el SNP ha criticado el «incumplimiento del convenio colectivo» acordado entre la Federación y Mazaria (filial de Copag) desde hace «más de dos años». Por otra parte, el SNP ha convocado a sus secciones locales y a la FNSA a participar en una «campaña nacional de comunicación y lucha», cuyos detalles se anunciarán próximamente, «para hacer oír la voz de los trabajadores agrícolas en la sesión de abril del diálogo social». Marruecos: Un sindicato considera recurrir a instancias internacionales contra la ley sobre el derecho de huelga Este llamado se enmarca en un contexto en el que el SNP se ha unido a otras organizaciones sindicales para abogar por la suspensión de la implementación de la ley orgánica sobre el derecho de huelga, calificándola como una amenaza a los derechos adquiridos por los trabajadores. La semana pasada, la FNSA anunció un recurso internacional contra esta legislación.
