El ministro de Salud y Protección Social, Amine Tahraoui, se reunió el martes 6 de mayo con los representantes de la Comisión Nacional de Internos y Residentes (CNIR) para abordar la respuesta del gobierno a las demandas de médicos, farmacéuticos y dentistas. En un comunicado emitido este miércoles, la comisión anunció «el compromiso oficial del jefe del gobierno de aumentar la remuneración de los internos y residentes no contractuales, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025». El monto de este incremento se definirá «en los próximos días», mientras que el ministerio se ha comprometido a «reducir la duración del contrato obligatorio de los médicos con los hospitales universitarios de ocho años a un periodo más corto, que se anunciará tras la finalización del estudio de impacto». Asimismo, ambas partes acordaron «la inclusión oficial de un representante de los internos y residentes en las comisiones regionales de formación, para todas las cuestiones relacionadas con este grupo». La reunión también concluyó con un acuerdo para «aumentar las indemnizaciones de alojamiento y alimentación para los internos, farmacéuticos y dentistas», además de «mantener el concurso interno en su forma actual». También se permitirá a los internos actuales optar entre el antiguo sistema de residencia y la nueva fórmula de residencia unificada. Además, se aprobó que los internos y residentes puedan beneficiarse de salarios fijos y variables, al igual que otros profesionales de la salud. Al término de las negociaciones, se establecerá un seguro médico obligatorio para los internos y residentes, además del desarrollo de una aplicación digital para regular el pago de las becas de prácticas, asegurando su regularidad sin demoras. «También se acordó organizar una serie de reuniones en los próximos días para acelerar la implementación de estas medidas de manera participativa, teniendo en cuenta el periodo transitorio y preservando los logros de los internos y residentes», añadió la CNIR. En este contexto, la comisión elogió «la respuesta positiva del gobierno y del ministerio» a sus demandas. Estas negociaciones se producen pocos meses después de que la CNIR anunciara la suspensión de todas sus movilizaciones nacionales, incluidas las huelgas reiteradas durante el último año y la protesta inicialmente prevista para el 8 de enero de 2025. Esta decisión se tomó «tras un análisis exhaustivo de la situación actual y la necesidad de preservar la salud de los ciudadanos y asegurar la continuidad de los servicios», había anunciado entonces la CNIR, al tiempo que planteaba demandas en los aspectos financieros y académicos, incluyendo la calidad de la formación.
