Bajo la mirada de numerosos habitantes, las autoridades de Salé llevaron a cabo la demolición de la célebre «Villa Seboua», conocida por su arquitectura atípica y sus esculturas monumentales. Símbolo artístico para algunos, construcción ilegal para otros, esta operación reaviva el debate sobre los abusos urbanísticos. En medio de una multitud de ciudadanos, las autoridades locales de Salé iniciaron ayer la demolición de la emblemática «Villa Seboua», ubicada en el barrio de Ashmaou. Esta acción se enmarca dentro de una campaña dirigida a combatir las infracciones al código de construcción y a recuperar los bienes públicos. La «Villa Seboua» se había convertido en un símbolo icónico de la ciudad. Reconocida por su diseño único, su fachada estaba adornada con esculturas de águilas, caballos y leones. La villa pertenecía a un abogado del colegio de Rabat, apasionado por la escultura y el arte en piedra, lo que la había transformado en una atracción tanto para los habitantes de Salé como para los visitantes. Entre los presentes, muchos vecinos manifestaron su tristeza al ver desaparecer este referente artístico. Algunos consideraban que el lugar podría haber sido una oportunidad para el desarrollo turístico o cultural, enriqueciendo así la escena artística local. Sin embargo, otros apoyaron la demolición, argumentando que era necesaria para hacer cumplir la ley. La familia del propietario protestó enérgicamente contra la decisión, ejecutada en ausencia del abogado, quien se encontraba de viaje. Calificaron la demolición como «injusta» e «inequitativa», recordando que la villa, construida hace 27 años, se había desarrollado gradualmente sin oposición de las autoridades anteriores. La familia cuestiona las motivaciones de las autoridades locales. Por otro lado, la Organización Nacional de Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción emitió un comunicado apoyando plenamente la demolición. Considera que la construcción violaba flagrantemente las leyes sobre construcción y bienes públicos, a pesar de las advertencias previas dirigidas al propietario. La organización sostiene que esta acción es un paso en la dirección correcta para restablecer la autoridad de la ley y proteger los derechos de la comunidad. No obstante, advierte contra la aplicación selectiva o circunstancial de la ley, y hace un llamado a una corrección completa de las irregularidades urbanas acumuladas. Insiste en la necesidad de involucrar a diversos actores —ciudadanos, empresarios y responsables locales— en esta lucha contra las infracciones. Exige una investigación transparente para determinar responsabilidades, subrayando que la persistencia de esta construcción plantea preguntas sobre una posible complicidad o negligencia dentro de algunos servicios técnicos o comunales. Finalmente, la organización concluye afirmando que preservar la calidad de las ciudades marroquíes es una responsabilidad colectiva, que requiere una movilización coordinada de las instituciones, la sociedad y los medios de comunicación. Hace un llamado al Ministerio del Interior y a las comunidades locales para que publiquen listas de edificios ilegales que deben ser demolidos, con criterios claros y un calendario preciso para garantizar transparencia y equidad.
