En Bélgica, el gobierno defiende el reciente endurecimiento de las condiciones para el reagrupamiento familiar, como una medida para reducir el número de llegadas. Las nuevas exigencias podrían hacer que este reagrupamiento sea prácticamente imposible para muchos trabajadores y beneficiarios de ayudas subsidiarias. Bélgica ha decidido recientemente endurecer las condiciones de acceso a la reunificación familiar para los migrantes, tras la aprobación de una nueva legislación por parte de la Cámara de Representantes que modifica la ley del 15 de diciembre de 1980. Con 107 votos a favor, 38 en contra y ninguna abstención, estos cambios son particularmente restrictivos para los trabajadores y las personas que reciben ayuda subsidiaria, a pesar de que las exigencias ya eran elevadas. En un país donde Marruecos es una de las principales nacionalidades dentro de las comunidades extranjeras, el salario mínimo requerido para presentar una solicitud aumenta de casi 2,100 euros a 2,323 euros, lo que equivale al 110% del ingreso mensual mínimo garantizado (RMMMG). Además, se añade un incremento del 10% por cada miembro adicional de la familia, sin límite. Los ingresos considerados deben ser estrictamente personales y no incluirán aquellos provenientes del Centro Público de Acción Social (CPAS), ni las asignaciones familiares, ni las de inserción, ni los ingresos de un garante o un tercero. Plazos de espera más prolongados Algunas ventajas incluso se eliminan o reducen, como el período de exención de las condiciones de ingreso y alojamiento. Para los familiares de un beneficiario de protección subsidiaria, esta disposición se elimina por completo. La duración se reduce de un año a seis meses para que un solicitante con estatus de refugiado pueda traer a los miembros de su familia. En cuanto a la edad requerida para la reunificación con un cónyuge o pareja legalmente registrada, pasa de 18 a 21 años. Asimismo, algunos plazos de espera se alargan, especialmente para los beneficiarios de protección subsidiaria. Aunque estos tenían los mismos derechos de reunificación que los refugiados, ahora deberán esperar dos años antes de poder presentar una solicitud de reunificación familiar. Solo la existencia previa de vínculos familiares en Bélgica podrá reducir este período a un año. Estas nuevas disposiciones también marcan el fin de la aceptación implícita. De hecho, la falta de respuesta de la Oficina de Extranjería dentro del plazo legal de nueve meses, prorrogable a 15 meses, ya no se considerará como una aprobación para los solicitantes, sino como un rechazo implícito. Esto abre automáticamente las vías de recurso ante el Consejo de lo Contencioso de Extranjeros, dentro de un plazo de 30 días. El gobierno belga, respaldado por la mayoría, ha defendido firmemente estas reformas ante los diputados. Según la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), estas disposiciones son garantías para que la reunificación familiar se realice en condiciones que favorezcan la «autonomía económica» y la integración. Según ella, también permitirían reducir el número de llegadas al territorio belga. Disposiciones aprobadas pese a las objeciones No obstante, el Consejo de Estado ha criticado varios aspectos, comenzando por el aumento del ingreso y la subida ilimitada. También ha expresado preocupaciones sobre el tratamiento diferenciado entre solicitantes refugiados y aquellos que reciben ayuda subsidiaria, en relación con el período de exención de las condiciones de ingreso y alojamiento. El Comisionado de Derechos del Niño ha manifestado su preocupación por la exclusión de menores no acompañados que reciben protección subsidiaria. Desde el 10 de julio pasado, mientras el texto estaba en su fase de proyecto de ley, se señaló que su contenido violaba los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como la Convención Europea de Derechos Humanos. En su declaración, el Comisionado sostuvo que la reunificación familiar para los niños es «un derecho y no un privilegio». En minoría frente a la coalición, los representantes de la oposición también han levantado su voz contra estas disposiciones. Entre ellos, el ecologista Matti Vandemaele (Groen) calificó el texto como «el colmo de la inhumanidad». «Ustedes les dicen a los niños que no han visto a su madre en cuatro años: 'Vamos a hacer las cosas aún más difíciles'. No me sorprende esto por parte de la N-VA y del Vlaams Belang, está en su ADN», criticó el diputado, dirigiéndose a Anneleen Van Bossuyt y a su partido de extrema derecha. Las nuevas disposiciones también han sido criticadas por organizaciones de la sociedad civil, que han expresado su preocupación por una «violación del derecho a la vida familiar» e incluso a los esfuerzos de integración. Muchas de ellas tienen la intención de impugnar esta ley ante el Tribunal Constitucional por discriminación y violaciones de derechos fundamentales.
