El movimiento GenZ 212 ha publicado un manifiesto dirigido al rey Mohammed VI, expresando ocho principales demandas, entre las que se incluyen la destitución del gobierno, la disolución de algunos partidos y la liberación de los detenidos, invocando una «crisis de confianza» hacia las instituciones. En declaraciones a Yabiladi, Abderrahim El Allam reflexionó sobre estas peticiones, evaluando su viabilidad, su fundamento democrático y cómo se enmarcan dentro del contexto constitucional de Marruecos. El movimiento GenZ 212, conocido por organizar manifestaciones en Marruecos para exigir mejoras en los servicios de salud, una educación de calidad y el fin de la corrupción, presentó sus demandas este jueves a través de un manifiesto en línea. Tras seis días de protestas en diversas ciudades, el documento detalla ocho demandas principales. Entre ellas se incluyen la destitución del gobierno y su líder, la disolución de partidos políticos implicados en corrupción, la liberación de presos de conciencia y la convocatoria de una «sesión nacional de rendición de cuentas» del gobierno actual, presidida por el Rey. El manifiesto, dirigido directamente al monarca, refleja lo que el movimiento describe como una profunda «crisis de confianza» hacia las instituciones, especialmente el gobierno y los partidos políticos. ¿Destitución o dimisión? ¿Son estas demandas viables y, más importante aún, constitucionales? Abderrahim El Allam, profesor de ciencias políticas en la Universidad Cadi Ayyad de Marrakech, explicó a Yabiladi que, aunque algunas exigencias de GenZ 212 son legítimas, otras podrían contradecir el espíritu democrático. «Las demandas de GenZ 212 tienen un espíritu militante; algunas son razonables y esperadas, como la lucha contra la corrupción y la liberación de los detenidos. Sin embargo, otras requieren clarificación y verificación.» Abderrahim El Allam El Allam criticó especialmente la demanda de destitución del gobierno y su líder. «Estos jóvenes manifestantes deberían saber que el jefe del gobierno no puede ser destituido», subrayó, añadiendo que «si esta demanda se cumpliera, constituiría una violación de la Constitución». Según él, la Constitución establece que el Rey «tiene el derecho de destituir a todos los ministros, pero no existe ningún artículo que le otorgue el poder de destituir al jefe del gobierno». Precisó que la destitución solo podría formularse como una dimisión, como ocurrió con el gobierno de Abbas El Fassi en 2011, tras el surgimiento del movimiento del 20 de febrero. Partidos y corrupción: ¿Disolución o responsabilidad? Otra demanda que El Allam calificó de «irrazonable y antidemocrática» es la disolución de los partidos políticos vinculados a la corrupción. «El único órgano que puede disolver un partido político es el poder judicial, y no el Ministerio del Interior ni ninguna otra autoridad», señaló. «Es imposible decir que un partido entero es corrupto; solo individuos dentro de los partidos pueden serlo.» Para él, las generalizaciones son peligrosas: «No pueden generalizar sobre los partidos políticos, al igual que no deberíamos generalizar que todos los manifestantes de GenZ son alborotadores. Una demanda así nunca se ha escuchado en la historia del activismo en Marruecos.» En cuanto al llamado a una sesión de rendición de cuentas del gobierno presidida por el Rey, El Allam fue claro: «El Rey no es una autoridad judicial.» Para El Allam, el manifiesto ilustra tanto la pasión como las carencias del movimiento juvenil. «Estas demandas son jóvenes, llenas de activismo, pero carecen de forma jurídica y examen. De lo contrario, corren el riesgo de contradecirse, pidiendo democracia mientras socavan el poder judicial, exigiendo libertad de expresión mientras llaman a la disolución de partidos políticos, lo que favorece el populismo y la tiranía», subrayó. Una crisis de confianza en las instituciones También consideró natural que el manifiesto estuviera dirigido al Rey. «Es natural y lógico que recurran al Rey y no al gobierno, ya que se oponen a él», comentó. «Dado que una de sus principales demandas es la destitución del jefe del gobierno, no pueden pedirle al gobierno que 'se destituya a sí mismo'. Incluso la liberación de los detenidos solo puede obtenerse mediante un indulto real.» Esta desconfianza se extiende a los partidos políticos en general, no solo a aquellos que forman el gobierno actual, señaló. El Allam ve esto como una diferencia clave respecto a los movimientos de protesta anteriores, especialmente el del 20 de febrero. «Este movimiento no pidió al Rey que cambiara, sino que exigió una reforma constitucional, abogando por una monarquía parlamentaria», recordó. «Su techo de demandas era más alto que el del movimiento actual. El 20 de febrero tenía un problema con todo el sistema político, mientras que el movimiento de hoy desafía principalmente al gobierno.» Y esto, explica, hace que las demandas actuales sean potencialmente realizables. «La liberación de los detenidos no requiere una reforma constitucional. La destitución del gobierno podría formularse como su dimisión, mientras que la disolución de los partidos podría formularse como el enjuiciamiento de los miembros corruptos. Estas son demandas que podrían satisfacerse pronto o en unos meses, a diferencia de las demandas del 20 de febrero, que eran más audaces pero que, sin embargo, llevaron a un discurso real, una reforma constitucional, nuevas elecciones y un nuevo gobierno.» No obstante, advirtió contra el rechazo total de los partidos políticos. «Deben pensar en alternativas, ya que la política no puede existir sin partidos», concluyó.
