Una fuente de seguridad ha respondido a las críticas lanzadas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) tras las condenas de prisión impuestas a manifestantes del movimiento GenZ Marruecos. «Rechazamos los prejuicios y acusaciones infundadas formuladas por Khadija Riyadi y sus colegas respecto a las investigaciones sobre los actos de violencia, disturbios e incendios ocurridos durante las recientes manifestaciones en varias regiones del Reino.» El responsable de seguridad subrayó que «todas las personas arrestadas han contado con todas las garantías legales que se otorgan a quienes están en conflicto con la ley». Añadió: «Quienes afirman que algunos detenidos fueron obligados a firmar sus declaraciones están hablando fuera del marco legal.» También señaló que «algunos observadores han considerado las penas severas basándose únicamente en su duración, sin tener en cuenta la gravedad de los delitos cometidos ni las circunstancias agravantes. Esto representa una negación del principio de individualización de las penas y un desprecio por el principio de legalidad». La misma fuente recordó que entre los procesados se encuentran «autores de delitos graves y agravados, que podrían enfrentar cadena perpetua. Algunos utilizaron armas blancas o contundentes contra las fuerzas del orden, mientras que otros atacaron puestos de seguridad, bancos y establecimientos de servicios con el fin de cometer robos a mano armada». «Las pérdidas humanas y materiales sufridas por las fuerzas del orden han sido significativas: 289 policías resultaron heridos de diversa gravedad y 268 vehículos de seguridad sufrieron daños materiales, incluidos seis coches y motocicletas incendiadas deliberadamente.» Como recordatorio, la AMDH presentó el viernes en Rabat un informe preliminar sobre las manifestaciones de la «Generación Z» que sacudieron varias ciudades del Reino. El documento señala que 2,068 personas fueron arrestadas y acusadas, de las cuales 1,088 están actualmente detenidas, 596 fueron liberadas y 233 ya han sido condenadas. La asociación considera que «esta ola de condenas severas busca intimidar a los manifestantes y disuadir las concentraciones, en línea con el enfoque de seguridad adoptado».
