DR ‹ › El Observatorio del programa de reconstrucción post-sismo del Gran Atlas, bajo la supervisión de Transparency Maroc, ha presentado su informe correspondiente al período de octubre de 2024 a diciembre de 2025. El devastador terremoto del 8 de septiembre de 2023 dejó cerca de 3,000 víctimas mortales. El documento resalta una disparidad notable entre las aspiraciones y la ejecución del Programa Integrado de Reconstrucción. El plan de emergencia, diseñado para un periodo de cinco años (2024-2029) y con un presupuesto de 120 mil millones de dirhams, ha evidenciado un desajuste entre «la magnitud de la financiación anunciada y los recursos movilizados en comparación con las cantidades realmente gastadas y las condiciones observadas sobre el terreno», según detalla el informe. En el ámbito educativo, el observatorio informa que para septiembre de 2025, el gobierno admitió que «en las provincias de Al-Haouz, Azilal y Chichaoua, 220 establecimientos escolares aún no están operativos». «Se habían lanzado las licitaciones para 186 establecimientos, mientras que otros 34 se encontraban en proceso de actualización», precisa el documento. En cuanto a los servicios de salud, el informe subraya la existencia de un hospital de proximidad en la provincia de Al-Haouz, con capacidad para 45 camas, pero con una «falta de varias especialidades quirúrgicas y médicas esenciales». En materia de vivienda, el gobierno anunció en septiembre de 2023 «una tasa de colapso total de las viviendas del 32%». «Meses después, esta tasa se redujo a solo el 10%», señala el informe, cuestionando «este desfase del 22%» que ha disminuido «el número de beneficiarios de la ayuda de 140,000 dirhams». En otro ámbito, el documento menciona desafíos en el desarrollo económico, «a pesar del presupuesto estimado de 98 mil millones de dirhams destinados a la reactivación». También destaca una «represión del movimiento social de los damnificados», incluyendo la condena a un año de prisión firme para Saïd Aït Mehdi y otros tres miembros que recibieron penas de cuatro meses. Por otro lado, el informe describe un retiro de las tiendas acompañado de «excesos de poder». Según la investigación, «209 de las personas encuestadas y no realojadas aún viven en condiciones insalubres», en tiendas (77), contenedores (100), barrios marginales o viviendas precarias (32).
