La Comisión de Trabajadores Españoles (CCOO) en Huelva ha denunciado la crítica situación de las temporeras marroquíes involucradas en la actual campaña agrícola. La organización destaca «graves violaciones de los derechos laborales y humanos». Según un comunicado, las trabajadoras llegaron el 7 de abril para laborar en una finca de Berrys la Dehesa. Sin embargo, pocas semanas después de iniciar su trabajo, dejaron de ser convocadas, quedándose sin ingresos ni apoyo de la empresa. El comunicado añade que las trabajadoras carecen de contratos firmados y no han recibido ninguna nómina que acredite su vínculo legal con la empresa. Además, no se han realizado los trámites administrativos necesarios para regularizar su situación de residencia y empleo en España, lo que el sindicato considera una clara violación de la ley. La situación es especialmente preocupante, según el sindicato, ya que una de las trabajadoras está embarazada de cinco meses, lo que la coloca en una posición de doble vulnerabilidad sin ninguna protección social. El sindicato explicó que las trabajadoras esperaban continuar con su empleo y habían enviado sus salarios de abril a sus familias en Marruecos, lo que las ha dejado en una situación financiera muy precaria. Además, desde hace semanas, enfrentan presiones constantes por parte del encargado de la finca y del propietario de la empresa para que abandonen el país por su cuenta, sin ofrecerles ninguna alternativa o compromiso contractual, según el sindicato. El sindicato ha señalado que las trabajadoras viven con el temor constante de ser despedidas o sufrir represalias, al punto de evitar permanecer en su residencia durante el día. Asimismo, la falta de trabajo durante más del 85% del período estipulado en el contrato constituye una violación del programa de empleo del país de origen, en contravención de las leyes españolas. El sindicato ha instado a las autoridades a intervenir con urgencia para regularizar la situación legal y administrativa de las trabajadoras, garantizar sus derechos e investigar las responsabilidades administrativas, económicas y legales derivadas de estas violaciones.
