Según el periódico Al Akhbar, un juez de instrucción de la Corte de Apelaciones de Rabat, especializado en delitos financieros, ha ordenado la incautación de los bienes y cuentas bancarias de varios funcionarios, ingenieros y técnicos de los consejos regionales y municipales de Sidi Kacem. Esta medida se enmarca en una investigación sobre la presunta malversación de un centro de acogida y formación, financiado con fondos públicos, que habría sido transformado en un hotel privado. La Brigada Nacional de la Policía Judicial ha sido encargada de inventariar los fondos, bienes e ingresos relacionados con este caso y de proporcionar al juez informes detallados de las cuentas bancarias de los sospechosos. La incautación se ordenó después de que ocho sospechosos fueran puestos bajo control judicial, con la confiscación de sus pasaportes, a la espera de investigaciones exhaustivas programadas del 14 al 20 de octubre. Se les acusa de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales y construcción ilegal en terrenos pertenecientes al Estado. Entre los involucrados se encuentran el presidente del consejo provincial, Benaissa Benzeroual, su hermano Saad Benzeroual, diputado, Abdelilah Ouissa, presidente del consejo municipal, así como Maki El Zizi, y varios ingenieros y técnicos. Las investigaciones revelaron que el proyecto en cuestión formaba parte de un acuerdo de asociación firmado en 2016 bajo la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH). Este acuerdo tenía como objetivo completar la construcción de un centro social. Sin embargo, se descubrieron irregularidades en la gestión de los contratos adjudicados para la finalización del proyecto entre 2018 y 2022. Estos contratos se ejecutaron a pesar de las objeciones del comité de revisión del proyecto, que rechazó los permisos debido a la falta de documentos que probaran la propiedad del terreno destinado al centro, y al hecho de que este invadía propiedades públicas y privadas. Los documentos indican que las obras se realizaron sin permiso legal ni aprobación de la Dirección de Bienes del Estado, en flagrante violación de las leyes de urbanismo. El antiguo presidente del consejo provincial continuó con el proyecto a pesar del rechazo del comité, y el arquitecto supervisor llevó a cabo las obras utilizando planos no aprobados. El informe concluye que el presidente del consejo municipal emitió un permiso de construcción y un certificado de conformidad que contenían datos falsificados, facilitando así la transformación del proyecto de un centro social en un establecimiento comercial. Se autorizó una actividad hotelera por parte de los responsables locales y provinciales sin respetar los procedimientos legales, confirmando su implicación en graves violaciones administrativas y legales que resultaron en la malversación de fondos públicos y el uso ilícito de documentos oficiales.
