La Corte Suprema Federal de Alemania ha decidido aceptar a trámite la demanda presentada por Marruecos contra varios medios de comunicación alemanes, los cuales habían acusado a Rabat de utilizar el software espía israelí «Pegasus» para espiar a altos cargos europeos. El origen de este caso se remonta a 2021, cuando medios alemanes como Zeit Online y Süddeutsche Zeitung publicaron informes señalando a los servicios de inteligencia marroquíes de haber empleado «Pegasus» para vigilar a líderes internacionales, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y el primer ministro español Pedro Sánchez. Marruecos ha negado de manera rotunda tener o utilizar este software, calificando las acusaciones como «difamatorias», y decidió llevar el asunto a la justicia alemana. Inicialmente, el tribunal debatió sobre la posibilidad de que un Estado extranjero pudiera presentar una demanda por difamación en Alemania, pero finalmente decidió proceder con el caso. En mayo de 2022, el gobierno español confirmó que los teléfonos del primer ministro Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles habían sido intervenidos mediante «Pegasus». Medios españoles revelaron que se extrajeron 2,6 gigabytes y 130 megabytes de datos del dispositivo de Sánchez en dos ataques distintos. Ese mismo mes, Sánchez compareció ante el parlamento para explicar la situación, y la Audiencia Nacional española reabrió la investigación en abril de 2024 tras recibir información de Francia que corroboraba las operaciones de espionaje. En julio de 2025, hackers iraníes aseguraron haber obtenido archivos relacionados con el ataque al teléfono de Sánchez. Paralelamente, Marruecos presentó una demanda en Madrid contra el periodista Ignacio Cembrero, acusándolo de afirmar que los servicios de inteligencia marroquíes habían utilizado «Pegasus» para espiar a políticos y periodistas, incluido él mismo. Sin embargo, la justicia española desestimó esta demanda en dos ocasiones: primero en marzo de 2023 por el tribunal de primera instancia de Madrid, y posteriormente en noviembre de 2024 por la Corte de Apelaciones.
