El historiador y activista Maâti Monjib enfrenta una prohibición de salir de Marruecos debido a una investigación judicial por presunto blanqueo de capitales. En una entrevista con la MAP, Zouhair Lahrach, primer sustituto del fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Rabat, declaró este lunes que esta restricción no afecta las actividades políticas y académicas de Monjib, ni «su ejercicio de uno de los derechos que le son garantizados por la ley». El pasado jueves, Maâti Monjib anunció el inicio de una huelga de hambre tras ser impedido de salir del país cuando intentaba viajar desde el aeropuerto de Rabat-Salé hacia una conferencia en la Universidad de la Sorbona, en Francia. Por su parte, Zouhair Lahrach lamenta las «alegaciones engañosas sobre este asunto». Según él, las investigaciones han «demostrado que Monjib había recibido importantes transferencias del extranjero y es propietario de varios bienes inmuebles que han sido objeto de declaraciones de sospecha en virtud del artículo 18 de la ley 43.05». Con base en estos hallazgos, la Fiscalía «ordenó una investigación preliminar», al término de la cual Maâti Monjib fue presentado ante el fiscal. Este último «decidió solicitar una instrucción» relacionada con sospechas de «delito de blanqueo de capitales en virtud de los artículos 574-1, 574-2 y 574-3 del Código Penal», afirmó Lahrach. Estos procedimientos de instrucción «están vinculados a comisiones rogatorias internacionales dirigidas al extranjero» y cuyos resultados «requieren la presencia del interesado para ser confrontado», explicó el funcionario. Añadió que el caso «sigue siendo examinado por el juez de instrucción», quien ha decidido el cierre de fronteras y la retirada del pasaporte, «conforme al artículo 142 del Código de Procedimiento Penal». En relación con posibles vínculos entre esta medida y el indulto real del que Monjib se benefició el año pasado, el sustituto del fiscal refuta cualquier conexión con el asunto en curso. Lahrach aclara que los hechos investigados constituyen «un delito independiente del delito inicial relacionado con ingresos criminales y no se derivan de él, por su fundamento jurídico, contrariamente a las falsedades difundidas al respecto».
