En Marruecos, los sindicatos y organizaciones profesionales del sector de la prensa intensifican su oposición al proyecto de ley n.º 25-26, que aborda la reorganización del Consejo Nacional de la Prensa. Denuncian un proceso de aprobación llevado a cabo en «condiciones insalubres» y «sin consulta». A pesar de estas críticas, el gobierno tiene previsto presentar este texto a la Cámara de Consejeros el lunes 8 de septiembre, sin esperar la opinión de las instituciones constitucionales pertinentes. Esta postura se consolidó tras reuniones celebradas el jueves 4 de septiembre de 2025 entre representantes sindicales y profesionales de la prensa y el Consejo Económico, Social y Ambiental. Estos encuentros buscaban preparar un dictamen consultivo solicitado por la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley. Las organizaciones destacaron que esta reunión era fundamental para manifestar el «rechazo profesional generalizado» al contenido de la ley y alertar sobre sus posibles repercusiones para el futuro de la autorregulación en la profesión. Los sindicatos profesionales han manifestado su descontento ante lo que consideran una aceleración del proceso legislativo por parte del gobierno. Lamentan que el ministro de Comunicación esté dispuesto a presentar el proyecto de ley a la Cámara de Consejeros sin considerar las solicitudes de suspender temporalmente el proceso para esperar la opinión de los órganos constitucionales. Según ellos, esta opinión podría contribuir a «corregir los desequilibrios jurídicos y profesionales» relacionados con el proyecto de ley. Entre los sindicatos y organizaciones profesionales firmantes se encuentran el Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí, la Federación Marroquí de Editores de Periódicos, la Federación Nacional de Periodismo, Medios y Comunicación afiliada a la Unión Marroquí del Trabajo, y el Sindicato Nacional de Medios y Prensa afiliado a la Confederación Democrática del Trabajo. Todos han reafirmado su oposición unánime al proyecto de ley. Consideran que su contenido y estructura violan el principio de autorregulación tal como lo define la constitución y las leyes. Según ellos, este texto abre la puerta a la exclusión de organismos profesionales, adoptando un enfoque político y económico limitado. Los organismos profesionales han asegurado que continuarán su coordinación y movilización para contrarrestar el proyecto de ley. Seguirán abogando ante el gobierno, la Cámara de Consejeros, los grupos parlamentarios y sus constituyentes.
