El ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, defendió este miércoles el artículo 2 del proyecto de ley orgánica n.º 04.21, que prevé sanciones severas por la difusión de información falsa sobre las elecciones, afirmando que su objetivo es proteger el proceso electoral contra la desinformación sin restringir la libertad de expresión. Este miércoles, el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, buscó aclarar el artículo 2 del proyecto de ley orgánica n.º 04.21, que modifica y completa la ley orgánica n.º 27.11 sobre la Cámara de Representantes. Este texto, recientemente aprobado por el gobierno de Akhannouch, ha suscitado intensas reacciones. El artículo establece «una pena de prisión de dos a cinco años, junto con una multa de 50,000 a 100,000 dirhams, para cualquier persona que publique, difunda, transmita o distribuya, por cualquier medio, rumores o información falsa con el fin de sembrar dudas sobre la credibilidad y transparencia de las elecciones». En una reunión con la Comisión de Interior, Colectividades Territoriales, Vivienda y Política de la Ciudad, Laftit enfatizó que esta disposición no busca silenciar las críticas sobre los resultados de las elecciones legislativas de 2026. Según él, estas medidas «no afectan en absoluto la libertad de opinión o de expresión, sino que buscan fortalecer la experiencia democrática nacional y garantizar la transparencia del voto». El ministro subrayó que proteger el debate público contra la desinformación es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y preservar la credibilidad de las instituciones representativas. Benkirane y El Aziz exigen la retirada del artículo Laftit defendió estas «medidas disuasorias», afirmando que «buscan proteger la transparencia y la seguridad del proceso electoral contra las campañas de desinformación digital que podrían socavar la legitimidad de las instituciones electas». También destacó las «enormes capacidades de la inteligencia artificial para fabricar imágenes falsas, documentos falsos y declaraciones falsas, que se propagan rápidamente, haciendo su verificación o corrección extremadamente difícil». El ministro reafirmó que el segundo párrafo del artículo había sido redactado «con precisión y sin ambigüedad», y que «no deja lugar a ninguna interpretación». Este párrafo, precisó, «se refiere exclusivamente a la difusión de rumores e información falsa por medios tecnológicos modernos con el objetivo de sembrar dudas sobre el proceso electoral, y no tiene ninguna relación con la restricción de la libertad de expresión o la censura de voces críticas». El artículo 2 en cuestión ha generado una intensa polémica en Marruecos. El secretario general del PJD, Abdelilah Benkirane, había solicitado su retirada. «El Ministerio del Interior no puede prohibirnos dudar de los resultados de las elecciones. Eso no es democracia. Tengo derecho a dudar, y nadie tiene derecho a impedírmelo. Silenciar a la gente de esta manera no tiene cabida en el reino de Mohammed VI y no es digno del Marruecos de 2025 y 2026», lamentó. El secretario general de la Federación de Izquierda, Abdeslam El Aziz, también había lanzado el mismo llamamiento, exigiendo la eliminación de esta controvertida disposición.
