DR ‹ › En España, la extrema izquierda ha comenzado a adoptar posturas sobre Marruecos que rivalizan, e incluso superan en radicalidad, a las tradicionalmente defendidas por Vox. Las recientes declaraciones de la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, desde los campamentos de Tinduf, ilustran claramente esta tendencia. Montero advirtió que el respaldo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental supondría un «riesgo» para las Islas Canarias, afectando tanto la soberanía como las aguas territoriales españolas. Subrayó que el apoyo a la «ocupación ilegal» del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales podría tener consecuencias «peligrosas» para el archipiélago, según informa un medio español. Para reforzar su argumento sobre las «ambiciones expansionistas de Marruecos», Montero recordó que el reino es el principal aliado de Donald Trump y de los Estados Unidos en el norte de África. En sintonía con el discurso del Polisario, su anfitrión, Montero estableció un paralelismo entre la situación en el Sáhara Occidental y la de Palestina. Describió al pueblo saharaui como un símbolo de «resistencia» contra el colonialismo y la ocupación, y llamó a «romper el silencio» sobre lo que calificó como «grandes crímenes» cometidos en ese territorio. Como antecedente, la semana pasada, una diputada de Podemos, Noemí Santana, agitó el espectro de una nueva «Marcha Verde» que Marruecos organizaría, según ella, para anexar las Islas Canarias. Este tipo de discurso alarmista dirigido a Marruecos es más característico de Vox. De hecho, este partido de extrema derecha lleva años alertando sobre supuestos «planes expansionistas» de Marruecos hacia Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Esta radicalización del discurso de Podemos se produce en un contexto político particular, marcado por las próximas elecciones regionales en Aragón (8 de febrero), en Castilla y León (15 de marzo) y en Andalucía en junio próximo. Según la última encuesta publicada en España este viernes, Podemos solo obtendría un 3,5 % de las intenciones de voto en caso de elecciones legislativas.
