España facilita el acceso a la atención médica para los migrantes sin papeles. Un decreto real ahora armoniza las reglas en todo el país y simplifica los trámites para cientos de miles de personas, incluidos marroquíes. DR ‹ › Esta reforma surge tras un debate recurrente en España. El acceso a la atención sanitaria para los indocumentados había sido restringido en 2012 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, antes de ser parcialmente restablecido por el ejecutivo de Pedro Sánchez. El gobierno español adoptó el martes un decreto real destinado a facilitar el acceso a la atención sanitaria para los extranjeros en situación irregular. El texto armoniza las reglas en todo el país y simplifica los trámites administrativos para cientos de miles de personas, entre ellas muchos ciudadanos marroquíes. Impulsada por el Ministerio de Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la reforma establece un procedimiento único que permite a los migrantes sin estatus legal beneficiarse del sistema de salud pública. Hasta ahora, el acceso a la atención variaba según las regiones, creando importantes desigualdades entre las comunidades autónomas. Comprender los desafíos de la regularización de 500,000 migrantes en España El decreto introduce una «declaración responsable», un documento en el que el solicitante certifica que no dispone de otra cobertura sanitaria y que no puede transferir este derecho desde su país de origen. También debe certificar que ningún tercero está obligado a hacerse cargo de sus gastos médicos. Se prevén formatos simplificados para permitir que las personas con discapacidad comprendan y firmen este documento. Otro cambio importante: el acceso al sistema de salud ya no dependerá únicamente de la inscripción en el padrón municipal. Las autoridades ahora aceptarán otras pruebas de residencia habitual, como certificados de escolarización de niños, informes de servicios sociales o facturas de servicios a nombre del solicitante. El texto también prevé un acceso inmediato a la atención. Los solicitantes recibirán un documento temporal que les permitirá ser atendidos mientras se tramita su expediente. La administración deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. En caso de no recibir respuesta en este plazo, la solicitud se considerará aceptada. Una protección reforzada para los colectivos vulnerables El decreto presta especial atención a los grupos vulnerables. Los menores de 18 años y las mujeres embarazadas tendrán acceso completo a la atención, incluyendo el parto y el seguimiento postnatal. El texto también garantiza el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres extranjeras no residentes. Se prevén protecciones específicas para las víctimas de violencia de género, agresiones sexuales o trata de personas, así como para quienes soliciten protección internacional. La reforma amplía además ciertos derechos a los españoles de origen que viven en el extranjero y a sus familias durante estancias temporales en el país, un dispositivo anteriormente reservado para jubilados y trabajadores expatriados. En cuanto a los medicamentos y dispositivos médicos, las personas exentas de participación financiera para los tratamientos farmacéuticos también disfrutarán de la gratuidad para los productos ortopédicos y las ayudas técnicas. Finalmente, el gobierno prevé mecanismos de control para evitar abusos. El documento temporal podrá ser retirado si se descubren informaciones falsas en la declaración responsable, con la posibilidad de que la administración exija el reembolso de los gastos médicos incurridos.
