Las ONG Kif Mama Kif Baba, Medias y Culturas (AMC) y la Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos (ADFM) han lanzado una campaña nacional para combatir las violencias de género facilitadas por la tecnología (VBGFT). Estas organizaciones abogan por una reforma de las herramientas jurídicas e institucionales dentro de un «enfoque global» que permita «romper el ciclo de la impunidad». En un comunicado, las organizaciones enmarcan su iniciativa en un contexto de aumento de las VBGFT, exacerbadas por el «auge de las tecnologías digitales» durante la pandemia de la Covid-19 y el uso masivo de las redes sociales. Estas transformaciones han «modificado las interacciones sociales, abriendo la puerta a nuevas formas de violencia de género», destacan. En este sentido, citan un estudio del Alto Comisionado del Plan (HCP) publicado en 2019, que señala que cerca de 1,5 millones de mujeres fueron afectadas en Marruecos, «lo que representa una tasa de prevalencia del 14%». Las VBGFT tienen «consecuencias muy reales y a menudo trágicas», como «ciberacoso, chantaje con la difusión de imágenes íntimas, discursos de odio o manipulación de contenidos (deepfakes, doxing)». Las ONG también subrayan las repercusiones «sociales, profesionales y legales graves», que obligan a «las sobrevivientes a retirarse de un espacio digital que se ha vuelto central para el aprendizaje, el acceso al empleo y el compromiso ciudadano». Además, los firmantes destacan la «carga psicológica» asociada a estas violencias: «ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y, con demasiada frecuencia, el suicidio». Recuerdan que «la violencia digital no solo destruye reputaciones, sino que también destroza vidas». En 2021, ONU Mujeres indicó que estas violencias en la región MENA afectaban al 58,1% de las mujeres en Marruecos. De ellas, una de cada tres «experimenta cómo esta violencia trasciende de lo virtual a lo real». Para enfrentar esta situación, «el marco institucional requiere un fortalecimiento de las capacidades de los órganos responsables y una mejor coordinación entre las partes interesadas», afirma Aatifa Timjerdine, presidenta de la ADFM. Ella aboga por «un enfoque multisectorial e integrado», con «una adaptación continua de las leyes frente a la rápida evolución de las tecnologías». Las ONG también recomiendan «definir e integrar específicamente las VBGFT en la reforma anunciada del código penal, previendo penas disuasorias y derogando los textos que restringen libertades».
