El Comité de Apoyo a Ibtissame (Betty) Lachgar expresó este miércoles su profunda indignación e incomprensión ante el veredicto emitido en apelación el pasado 6 de octubre en Rabat. La sentencia condenó a la activista feminista a dos años y medio de prisión y a una multa de 50,000 dirhams por comentarios considerados ofensivos hacia la divinidad. Durante el verano, la militante publicó una foto suya tomada en el extranjero, vistiendo una camiseta con una expresión que en Marruecos se percibe como blasfema. En un comunicado, los miembros del comité afirmaron que el veredicto «ignora los elementos esenciales planteados por la defensa», entre ellos «la ausencia de intención en los hechos imputados; la inexistencia de una amenaza real al orden público; y el carácter extraterritorial de los hechos», además de señalar irregularidades en el procedimiento de detención y en la redacción del acta. El comité también destacó una contradicción entre el artículo 25 de la Constitución, que garantiza «las libertades de pensamiento, opinión y expresión en todas sus formas», y el artículo 267-5 del Código Penal, utilizado para condenar a Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI). Según el comité, «nada en este expediente justifica una pena de prisión efectiva». Más allá del juicio, el comité lamenta las condiciones de detención de la psicóloga clínica, «superviviente de un cáncer» y que sufre de «dolores recurrentes relacionados con su prótesis, que requiere un reemplazo quirúrgico». En este sentido, advierten que «cada día sin cuidados adecuados es un día de sufrimiento adicional». Además, informan sobre «un acceso limitado al teléfono, a los paseos y a las actividades, a pesar de que la ley marroquí prevé penas alternativas, más humanas y proporcionadas, a las que ella es plenamente elegible». El comité subraya que no pide «ningún privilegio», sino «la aplicación igual y coherente de la ley» mediante la implementación de una pena alternativa que permita una «atención médica especializada», así como condiciones de detención que respeten la dignidad. Asimismo, la estructura hace un llamado a que la justicia «deje de castigar en lugar de reparar, y que aplique la ley en lo que tiene de más humano: la igualdad, la dignidad y el cuidado». Previamente, ha alertado que la criminalización de «una provocación artística y militante» constituye un peligro para la libertad de expresión.
