DR ‹ › El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, expresó su pesar el lunes 29 de diciembre por su oposición al proyecto de ley n.º 22.20, diseñado para controlar las redes sociales. Esta propuesta, presentada en abril de 2020 por su antecesor Mohamed Ben Abdelkader (USFP), había sido aprobada por el gobierno de Saad-Eddine El Othmani (PJD), pero posteriormente fue retirada de la agenda gubernamental. El ministro reconoció su error al considerar que las redes sociales se han convertido en un foco de difamación y abusos. Ouahbi argumentó que combatir la difamación requiere, ante todo, erradicar la «hipocresía», ya que «algunos defienden los insultos y la difamación bajo el pretexto de proteger la libertad de expresión». «Necesitamos una ley que penalice severamente estas prácticas. Sin esto, continuaremos aprovechando este vacío legal para difamar. Una ley es la única solución a este problema», afirmó el ministro de Justicia, respondiendo a una pregunta oral del grupo parlamentario del PPS. Ouahbi ha prometido tomar medidas contra los abusos en las redes sociales. «La solución consiste en promulgar artículos en el código penal que sancionen estos actos con años de prisión. Vamos a poner fin a lo que sucede en TikTok y YouTube, como filmar la vida privada de las personas sin su permiso», detalló en una entrevista concedida en septiembre de 2024 al canal 2M. Esta postura también fue defendida en diciembre de 2022 en la Cámara de Representantes, donde se comprometió a tratar de manera «estricta» la difamación en las redes sociales y los sitios web. «La dignidad de las personas y su vida íntima son sagradas e intocables», enfatizó. «En el próximo Código Penal, habrá sanciones severas contra aquellos que compartan fotos a través de WhatsApp o Facebook, y aquellos que no sean periodistas y lo hagan a través de páginas web o en YouTube para atacar la vida privada de las personas», prometió nuevamente. El proyecto de ley 22.20, presentado en abril de 2020, buscaba controlar las redes sociales e incluía en su artículo 14 una «pena de 6 meses a 3 años de prisión» y una multa de 5,000 a 50,000 dirhams para quienes «llamen a boicotear ciertos productos, bienes o servicios o inciten públicamente a hacerlo a través de redes sociales o redes de difusión abiertas».
