El regreso de los saharauis de los campamentos de Tinduf, el poder diplomático, las condiciones para la investidura del jefe del gobierno autónomo y los recursos naturales de las provincias saharianas son los principales desacuerdos señalados por el Polisario y Argelia durante las discusiones iniciadas por Estados Unidos. DR ‹ › Las conversaciones impulsadas por Estados Unidos sobre el conflicto del Sahara Occidental han puesto de manifiesto diferencias significativas entre Marruecos y el dúo Argelia-Frente Polisario. A pesar de que Washington ha conseguido que la autonomía bajo soberanía marroquí se establezca como el único marco de negociación, aún quedan numerosos desafíos por resolver. Uno de los principales puntos de discordia es la designación del jefe del gobierno regional, que debería provenir del partido ganador en las elecciones locales. Marruecos insiste en que esta designación sea validada por el rey, conforme al artículo 47 de su constitución, reafirmando así la soberanía del reino sobre el territorio. En cambio, el Frente Polisario aboga por que esta investidura sea competencia exclusiva del Parlamento autónomo. La cuestión del retorno de las poblaciones de los campamentos divide La resolución del conflicto pasa inevitablemente por el retorno de los saharauis que aún residen en los campamentos de Tinduf, en Argelia, un tema altamente sensible. El Polisario exige que este retorno esté abierto a todos los habitantes de los campamentos, que estima en más de 160,000 personas. Marruecos, por su parte, está dispuesto a recibir únicamente a los saharauis que abandonaron el territorio, ya sea de manera voluntaria o forzada, en los años 70. Según Omar Hilale, representante permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, su número no superaría los 20,000. Hilale ha reiterado esta postura en repetidas ocasiones durante sus intercambios con los delegados argelinos, afirmando desde la tribuna de la ONU que el reino está dispuesto a recibirlos «porque son marroquíes». Esta posición excluye de facto a una gran parte de los habitantes de los campamentos, especialmente a los saharauis argelinos, mauritanos e incluso a los tuareg malienses, algunos de los cuales combaten en las filas de las milicias del Frente y otros ocupan puestos de responsabilidad dentro del aparato dirigido por Brahim Ghali. Este punto representa un verdadero desafío para la administración de Trump. Cabe recordar que la ONU descartó en 2002 la opción de un referéndum debido a los bloqueos encontrados por su comisión de identificación de los saharauis habilitados para votar. En relación con esta cuestión, el Frente también exige prohibir durante diez años a los habitantes del Sahara sin orígenes saharauis participar en las elecciones destinadas a elegir un Parlamento autónomo. Esta medida privaría a algunas tribus saharauis de participar en la votación, una estrategia que el Polisario ha perseguido durante varias décadas. El 20 de junio de 2000, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la evolución del expediente. En él reconocía que «el proceso de identificación» de los saharauis llamados a participar en el proyecto de referéndum estaba en un callejón sin salida desde finales de 1995. Kofi Annan atribuía este bloqueo al «Frente POLISARIO», que consideraba inaceptable la identificación de los miembros de las «Tribus del Norte» y de las «Costeras del Sur» (del litoral atlántico), aunque fueron censadas por España en 1974. Diplomacia y recursos naturales, otros puntos de fricción La cuestión del poder diplomático también es fuente de discordia. El Polisario desea que el futuro gobierno autónomo disponga de una diplomacia paralela a la de Marruecos. Rabat rechaza esta propuesta, afirmando que las competencias soberanas son exclusivas de la soberanía nacional. No obstante, Marruecos se dice dispuesto a permitir que el ejecutivo autónomo concluya acuerdos de cooperación internacional, pero bajo la supervisión del Estado central. Finalmente, la gestión de los recursos naturales sigue siendo un tema particularmente sensible. El Frente reclama un reparto de las riquezas de la región con Marruecos. Rabat descarta esta opción, estimando que estos recursos son parte de la soberanía nacional y deben ser gestionados en el marco institucional del reino. Por último, otro punto de profunda divergencia es que Marruecos se reserva el derecho, en caso de graves disturbios al orden público, de suspender la autonomía. Un ejemplo de esto es cuando España congeló en octubre de 2017 las prerrogativas del gobierno de Cataluña, tras la organización de un referéndum de independencia por parte de los catalanes.
