En este documento, Moussa Elkhal, asesor jurídico de la Asociación por el Derecho y la Justicia en Marruecos (ADJM) y presidente de la asociación SEME, lanza un «llamado a la verdad, a la transparencia y a la reforma ética del sistema de salud marroquí». En mi calidad de jurista y presidente de asociaciones ciudadanas dedicadas a la defensa de la salud pública y la integridad, quiero alertar sobre una grave desviación institucional que, documentada desde hace años, está minando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. A pesar de haber presentado oficialmente 27 denuncias y 20 expedientes completos a las autoridades competentes, no se ha producido ningún avance concreto. Los órganos constitucionales de control —Cour des Comptes, INPPLC, Consejo de la Competencia— han sido informados, convocados y, en ocasiones, escuchados, pero no se han tomado decisiones públicas ni se ha rendido cuentas. Una reforma legislativa contraria a la Constitución. El proyecto de ley 03.23, que reforma el Código de Procedimiento Penal, introduce medidas que limitan severamente la libertad de acción de las asociaciones ciudadanas. Al exigir una autorización previa del Ministro de Justicia para constituirse como parte civil, esta ley silencia a la sociedad civil, contradice el espíritu de la Constitución de 2011 y debilita la democracia participativa garantizada por los artículos 12, 13 y 154. Además, infringe las convenciones internacionales ratificadas por Marruecos, especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta reforma ha sido denunciada por el INPPLC, numerosas ONG marroquíes e internacionales, así como por varios juristas, como un retroceso significativo de los derechos cívicos y la transparencia pública. Priva a la sociedad civil de su papel de vigilante e impide la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y la mala gobernanza. * Disfunciones institucionales y corrupción sistémica: El sector de la salud es un ejemplo claro del bloqueo sistémico de la acción pública. * Despilfarro presupuestario documentado durante la crisis del Covid-19. * Contratos públicos opacos, adjudicados a empresas ficticias o creadas apresuradamente. * Monopolios y acuerdos ilícitos entre multinacionales y operadores locales. * Conflictos de interés flagrantes y falta de control efectivo. * Déficit de transparencia e inercia administrativa a pesar de las alertas oficiales. Recordemos que en el punto álgido de la pandemia, Su Majestad el Rey Mohammed VI fue el primer contribuyente al fondo nacional de solidaridad, demostrando que la justicia social y la salud pública son prioridades reales. Sin embargo, los resultados siguen siendo débiles: no por falta de recursos, sino por falta de gobernanza, transparencia y coraje institucional. El problema es estructural, moral y político. Los responsables deben rendir cuentas ante la Nación, de acuerdo con los principios constitucionales de integridad y rendición de cuentas. Derechos fundamentales y deber monárquico de justicia social. Es imperativo recordar que el respeto de los derechos fundamentales —el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al voto— constituye la base de toda legitimidad institucional. La privación o el peligro de estos derechos por prácticas de mala gobernanza es un ataque grave a la dignidad de los marroquíes y a la cohesión nacional. Si la mayoría de los marroquíes que viven en Marruecos ya no pueden recibir atención médica ni enviar a sus hijos a la escuela, y si los seis millones de marroquíes en el extranjero aún no pueden ejercer su derecho al voto, entonces, ¿cómo podemos hablar de equidad, justicia y ciudadanía? Señor Jefe de Gobierno, llámelo como quiera, pero el pueblo lo llama una gran injusticia. No nos acusen de estar al servicio del enemigo: los verdaderos enemigos del Reino son aquellos que privan a los marroquíes de sus derechos fundamentales, no aquellos que los defienden. Somos 35 millones de patriotas marroquíes, profundamente apegados a nuestro Rey y a la Monarquía Alauí, dispuestos a dar nuestras vidas por un Marruecos justo, equitativo y fiel a su lema eterno: ALLAH – AL WATAN – AL MALIK. También es esencial recordar la situación de la comunidad marroquí en el extranjero. Oficialmente estimada en seis millones de personas, en realidad es mucho más numerosa. Sin embargo, la mayoría de estos ciudadanos no pueden ejercer su derecho al voto y a menudo se sienten excluidos del proceso de toma de decisiones. Peor aún, muchos sufren despojos de sus bienes, mientras que sus familias en Marruecos carecen de medios para recibir atención médica, escolarizar a sus hijos o defender sus derechos. Esta es una lucha que llevo desde hace más de quince años: con demasiada frecuencia, los autores de estos despojos son condenados, pero los bienes permanecen inscritos a su nombre, como si la justicia misma dudara en restablecer el derecho. Esta situación crea un sentimiento de abandono en ciudadanos profundamente patriotas y apegados a su Rey y a su país. Propuestas concretas: * Creación de una «Célula de Salud Transparente (CST)» que reúna a la Cour des Comptes, el INPPLC y la sociedad civil. * Publicación obligatoria y periódica de todos los contratos públicos del ministerio de Salud. * Auditoría nacional independiente sobre la gestión de los fondos Covid-19 y los contratos hospitalarios. * Protección legal de los denunciantes y de las asociaciones ciudadanas que actúan en interés general. * Garantías constitucionales: retirada o revisión de las disposiciones de la ley 03.23 que restringen el derecho de las asociaciones a actuar y constituirse como parte civil. * Integración de las competencias marroquíes de la diáspora en los grupos de trabajo para la reforma de la gobernanza pública. Llamado final: restaurar la confianza y la unidad nacional Esta carta no es un llamado a la división ni a la confrontación. Es, por el contrario, la expresión de un compromiso sincero y de un profundo amor por el Reino de Marruecos y por Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios lo asista. Los ciudadanos marroquíes aspiran a vivir en un país donde la salud, la educación y la participación cívica estén garantizadas, en el respeto de la dignidad y la justicia. Pedimos la verdad, la transparencia y la implementación efectiva de la Constitución del Reino. ALLAH – AL WATAN – AL MALIK Moussa Elkhal Asesor jurídico de la ADJM Presidente de la Asociación SEME Hecho en Rabat, el 15 de octubre de 2025 Copia transmitida a: Señor Ministro de Salud y Protección Social Señora Primera Presidenta de la Cour des Comptes Señor Presidente de la Instancia Nacional de la Integridad, la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (INPPLC) Señor Presidente del Consejo de la Competencia Señor Mediador del Reino
